En la jornada de hoy trascendió el caso de una niña de 11 años de edad que había sido derivada desde Pedro Juan Caballero hasta el Hospital Nacional de Itauguá con unas 35 semanas de gestación.

Debido a que se trata de un embarazo de alto riesgo, las autoridades médicas del nosocomio decidieron someterla a una cesárea esta tarde para extraer al bebé y posteriormente seguir con los cuidados neonatales requeridos en este tipo de situaciones.

En entrevista con ABC Cardinal, la fiscal Sandra Díaz señaló que la investigación se inició luego de la denuncia que había sido formulada por la abuela materna, quien dio aviso a las autoridades. Ya en febrero había sido presentada otra denuncia por este mismo hecho.

Según la representante del Ministerio Público, la propia menor confirmó que se trató de un abuso sexual cometido por un adolescente de 14 años. “Por su relato en la evaluación psicológica, no hubo consentimiento y fue forzado”.

El abuso se habría producido en octubre del año pasado, según la información manejada por la Fiscalía. En ese entonces, el presunto abusador ya tenía 14 años, por lo que ya contaba con edad suficiente para ser sometido a un proceso penal.

De acuerdo al relato, la niña había sido sacada de la casa de su madre biológica para quedarse junto a su abuela paterna, esto por decisión de su padre. En ese lugar se encontraba como criado el adolescente que ahora es acusado como presunto abusador.

La agente fiscal indicó que se deberá analizar la situación del padre biológico, quien tenía la custodia de la niña en el momento en que se produjo el abuso sexual.

El caso ya fue comunicado a la Defensoría de la Niñez y al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, de manera a que se puedan tomar todas las medidas pertinentes.

La ley prevé para los menores de edad una expectativa de pena de 6 meses a 8 años en caso de crímenes y de hasta 4 años cuando se trata de delitos. En este caso puntual, la pena podría ir hasta 8 años inclusive.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.