“Queremos que (la CIDH) constate la situación de la niña y también el contexto, este caso se sitúa en un patrón de violencia sexual contra menores en el país y de embarazos forzosos”, declaró hoy a Efe Núñez, coordinadora regional de la organización para la defensa de la mujer Cladem.

Núñez y Torales, abogada de la madre de la menor, dudan que Paraguay permita a la CIDH hacer la visita solicitada este miércoles, por lo que piden a la Comisión que, en cualquier caso, exija “de manera enérgica” el cumplimiento de la medida cautelar para la protección de la niña.

“Pedimos el cese inmediato del hostigamiento y la criminalización hacia la madre, así como que se le garantice a la niña la atención a la salud de manera inmediata y la dieta especial que necesita al haber dado a luz tan joven”, afirmó Núñez.

Al conceder la medida cautelar el pasado 9 de junio, la CIDH instó al Estado paraguayo a proteger a la niña que, según el informe de una junta médica, tenía cuatro veces más posibilidades de morir por el embarazo que una mujer adulta.

El Estado paraguayo rechazó esa medida cautelar con el argumento de que ya habían sido adoptadas “todas las medidas para evitar la impunidad de este hecho ilícito (la violación) y garantizar la vida e integridad de la niña embarazada y el prenatal”.

La niña, conocida con el nombre ficticio de Mainumby para preservar su privacidad, dio a luz el pasado 13 de agosto en Asunción.

Las letradas Núñez y Torales mantuvieron una reunión de trabajo privada el miércoles, en el marco del actual periodo de sesiones de la CIDH, con el comisionado Paulo Vannuchi, un encuentro al que no asistió, según su relato, ningún representante del Estado de Paraguay.

“Quién sí vino fue un miembro de la misión de observación del Vaticano en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gualberto García, alegando representar a la madre. Nos negamos a que participara en la reunión, reservada a las partes”, explicó Torales.

La letrada consideró este gesto “una muestra más de la persecución, hostigamiento y coacción” que, a su juicio, está ejerciendo la Iglesia Católica en este caso.

“Tenemos un Estado laico y no entendemos el ensañamiento con este caso. Lo ven como si fuera solo un caso sobre el aborto, y estamos hablando de mucho más, de los derechos de una niña que es madre a los once años después de haber sido violada por la pareja de su madre y en un contexto de muy bajos recursos”, consideró Torales.

El aborto está penado en Paraguay con hasta cinco años de cárcel, y la única excepción contemplada en la legislación es cuando la madre corre riesgo de perder la vida y hay una recomendación médica.

“El crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay, es el más alto en la región. Significa que a mediano y largo plazo, vamos a necesitar más generación de energía eléctrica para poder acompañar ese crecimiento económico que se registra actualmente en Paraguay”, expresó el ingeniero Félix Sosa.

Explicó además que la ANDE tiene un Plan Maestro hasta el 2043, donde la proyección de demanda es de más de 11.000 megavatios. “A partir de ahora se está trabajando para elaborar nuevas fuentes de energía eléctrica y lógicamente que Aña Cuá es una central muy importante en ese aumento de generación”.

Este jueves se dio el reinicio oficial de las obras para la maquinización del brazo Aña Cuá, en la hidroeléctrica de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El proyecto contempla la instalación de tres nuevas turbinas tipo Kaplan, que permitirán aprovechar el caudal de agua, además de la construcción de una nueva casa de máquinas, entre otras obras complementarias.

Se espera que la primera de las tres turbinas entre en funcionamiento en julio del 2028, conforme a las previsiones de las autoridades de la EBY.

Este jueves se dio a conocer la Resolución Nº 439/25 de la Justicia Electoral, en el marco de una grave denuncia que pesa sobre uno de sus funcionarios.

Se trata de César Ortega González, quien es funcionario permanente y se encuentra acusado de presuntamente realizar actividades de índole político-partidario.

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Según la denuncia, Ortega habría activado durante la campaña electoral a favor del candidato Daniel Pereira Mujica, quien días atrás ganó las elecciones municipales en Ciudad del Este.

La citada resolución menciona el incumplimiento del Artículo 19 del Reglamento Interno del TSJE, específicamente en el inciso donde habla sobre la prohibición de realizar actividades ajenas a los fines de la institución durante su jornada de trabajo, salvo las expresamente autorizadas.

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El sumario tiene como finalidad principal hacer las averiguaciones pertinentes para confirmar o descartar la veracidad del hecho denunciado ante el organismo electoral.

Fotografías divulgadas en redes sociales muestran a César Ortega acompañando tanto a Mujica, como así también al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros dirigentes del partido Yo Creo.

La comuna capitalina anunció la sanción administrativa en contra de un agente de la PMT quien fue descubierto en una situación sospechosa.

Aunque no se dio a conocer la identidad del funcionario, desde la Municipalidad informaron que se dispuso un sumario y ya se encuentra a disposición de Recursos Humanos.

El hecho se dio a conocer tras la difusión en redes sociales de un procedimiento en el microcentro de la capital.

Desde la comuna prometen castigar a los agentes que infrinjan en este tipo de actos que afecta la confianza de la institución en la ciudadanía.