“Queremos que (la CIDH) constate la situación de la niña y también el contexto, este caso se sitúa en un patrón de violencia sexual contra menores en el país y de embarazos forzosos”, declaró hoy a Efe Núñez, coordinadora regional de la organización para la defensa de la mujer Cladem.

Núñez y Torales, abogada de la madre de la menor, dudan que Paraguay permita a la CIDH hacer la visita solicitada este miércoles, por lo que piden a la Comisión que, en cualquier caso, exija “de manera enérgica” el cumplimiento de la medida cautelar para la protección de la niña.

“Pedimos el cese inmediato del hostigamiento y la criminalización hacia la madre, así como que se le garantice a la niña la atención a la salud de manera inmediata y la dieta especial que necesita al haber dado a luz tan joven”, afirmó Núñez.

Al conceder la medida cautelar el pasado 9 de junio, la CIDH instó al Estado paraguayo a proteger a la niña que, según el informe de una junta médica, tenía cuatro veces más posibilidades de morir por el embarazo que una mujer adulta.

El Estado paraguayo rechazó esa medida cautelar con el argumento de que ya habían sido adoptadas “todas las medidas para evitar la impunidad de este hecho ilícito (la violación) y garantizar la vida e integridad de la niña embarazada y el prenatal”.

La niña, conocida con el nombre ficticio de Mainumby para preservar su privacidad, dio a luz el pasado 13 de agosto en Asunción.

Las letradas Núñez y Torales mantuvieron una reunión de trabajo privada el miércoles, en el marco del actual periodo de sesiones de la CIDH, con el comisionado Paulo Vannuchi, un encuentro al que no asistió, según su relato, ningún representante del Estado de Paraguay.

“Quién sí vino fue un miembro de la misión de observación del Vaticano en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gualberto García, alegando representar a la madre. Nos negamos a que participara en la reunión, reservada a las partes”, explicó Torales.

La letrada consideró este gesto “una muestra más de la persecución, hostigamiento y coacción” que, a su juicio, está ejerciendo la Iglesia Católica en este caso.

“Tenemos un Estado laico y no entendemos el ensañamiento con este caso. Lo ven como si fuera solo un caso sobre el aborto, y estamos hablando de mucho más, de los derechos de una niña que es madre a los once años después de haber sido violada por la pareja de su madre y en un contexto de muy bajos recursos”, consideró Torales.

El aborto está penado en Paraguay con hasta cinco años de cárcel, y la única excepción contemplada en la legislación es cuando la madre corre riesgo de perder la vida y hay una recomendación médica.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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