Este miércoles 11 de julio de 14:00 a 18:00 horas se llevará a cabo el “conversatorio con organizaciones fraternas para debatir la incidencia sobre el embarazo y maternidad infantil forzada en Paraguay”, organizada por Equality Now y CLADEM Paraguay. El evento tendrá lugar en El Granel (Juan de Salazar 372 – Asunción).

Bárbara Jiménez, coordinadora regional de las Américas de la organización Equality Now, en entrevista con la 970 AM habló sobre este tema y comentó que varias organizaciones que trabajan en este ámbito en nuestro país tendrán la oportunidad de debatir la situación actual del embarazo infantil y ver cuáles serán los pasos a seguir.

La misma mencionó que ya desde el 2015 llevan visibilizando esta problemática pero sin lograr avanzar mucho, motivo por el cual tratarán de plantear algunas estrategias que ayuden a combatir el aumento de embarazos en niñas y adolescentes.

Desde la ONG Equality Now han mostrado preocupación por la situación regional, considerando el alto índice de embarazos infantiles que se registran diariamente en los países de Latinoamérica.

Según estimaciones, en nuestro cada día dos niñas de entre 10 y 14 años de edad dan a luz. Según indicó Jiménez, esta cifra “que debe ser una preocupación nacional” y por ello debería motivar a que se tomen medidas urgentes al respecto.

A su criterio, en Paraguay “no se dialoga lo suficiente” sobre la problemática del embarazo y maternidad infantil forzada, sobre todo por la falta de una política pública vinculada a este ámbito.

La coordinadora regional de Equality Now recordó que el caso de Mainumby, en el cual tuvieron una destacada participación al hacer la denuncia y darle seguimiento, fue el que abrió la puerta para comenzar el diálogo sobre embarazo infantil en nuestro país, aunque admitió que “hay otros muchos rostros” que también necesitan ser visibilizados.

“La emergencia de una niña que es forzada a tener una criatura no termina con el parto, eso continúa, los escollos y los problemas que debe enfrentar para continuar su proyecto de vida y tener una adolescencia en paz”, manifestó.

Explicó que el objetivo del conversatorio que se llevará a cabo mañana en conjunto con otras organizaciones es “sentarse a hablar sobre este tema y ver hacia dónde vamos en el futuro, qué mecanismos podemos utilizar y cómo podemos vincular más al Estado en este proceso”.

Al ser consultada, Jiménez sostuvo que dentro de su agenda no se encuentra ningún proyecto de ley sobre despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, aunque dijo que deberán debatir con los diferentes actores involucrados en el ámbito para escuchar los distintos planteamientos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.