• Por Adriana Zacarías, adriana.zacarias@gruponacion.com.py
• Fotos: Fernando Riveros

Es un día caluroso. El asfalto quema. A pesar de ello, varios niños y niñas, a fuerza de su realidad, trabajan en las calles ubicadas en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), la entrada terrestre a la capital del país. El lugar, a decir de los propios funcionarios, es un depósito de indigentes, muchos de ellos niños que andan desabrigados, descalzos y totalmente desprotegidos.

Un poco más al fondo, existe otra realidad, una que contrasta con la anterior. Se trata de un pequeño espacio, que casi pasa desapercibido, pero donde se realiza una enorme labor: enseñar a los niños en situación de calle, en su mayoría, indígenas.

La tarea es llevada adelante por la oenegé Callescuela, cuyos tutores voluntarios enseñan a niños en una furgoneta montada como aula móvil. La misma fue donada por Plan International Paraguay tras el incendio del 2017 en la TOA, que acabó con la dependencia de la organización ubicada en el segundo piso del edificio. Allí se perdieron cajitas de ahorro, cuadernos y demás enseres.

Arcadio González Notario (32) irrumpe con recato la presencia del equipo de La Nación y cuenta que está relatando su experiencia a los niños de Callescuela para retribuir los años que la organización invirtió en su educación, puesto que gracias al proceso este año él podrá recibir un título universitario en Administración de Negocios.

Desde los 10 años Arcadio tuvo que salir a trabajar para contribuir con la economía familiar, pero lo hizo sin descuidar el aprendizaje. Por la mañana dedicaba su tiempo a su labor de lustrabotas e incluso llegó a organizar una asociación con colegas.

“Empecé de chico a ser lustrabotas, tenía que ayudar a mi mamá. Tuve muchos tropiezos económicos. Me esforzaba para comprar libros”, relata y agrega que estudia becado en la Junta de Gobierno (ANR), que tiene un convenio con una universidad privada, por lo que le exoneran un 50% el costo de matriculación para la licenciatura. “Vale la pena sacrificarse, porque sin estudio no se sale adelante”, reflexiona y lamenta ver a la noche a “niños trabajando en la calle, algunos explotados y desprotegidos ante la inseguridad en la zona de la TOA”.

REFUGIO Y CONTENCIÓN

Callescuela educa a niños y niñas en situación de calle desde hace 35 años y en lugar de marginarlos y estigmatizarlos, actualmente asiste a más de 50, todos en edad escolar.

“Es un espacio de contención. Le brindamos alimentación y educación a niños de pueblos indígenas. Ellos vienen con sus madres artesanas. También hacemos cobertura con niños en situación de consumo. Somos seis educadores y trabajamos en espacios públicos y comunitarios en un horario que va de 6 a 4 de la tarde en la TOA. En el Mercado de Abasto estamos de 9 a 5 de la tarde. Hay chicos con doble escolaridad y vienen a hacer su refuerzo escolar o a participar de talleres de derecho”, explica uno de los educadores, Sergio Guillén.

“Las profesoras enseñan Matemáticas, Comunicación, Ciencias. Son los que menos tiempo tienen en su casa para poder realizar una tarea. Ellos vienen a trabajar desde temprano. Vienen desde los 7 años hasta los 18 inclusive”, agrega Guillén.

En el caso de los niños que caen en el consumo de drogas, Eduardo Sosa, director de Protección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), menciona que los mismos son trasladados para su rehabilitación en los dispositivos de la cartera estatal. “Ninguno es reinsertado en sus comunidades, los que están en situación de consumo son discriminados en sus comunidades. La reinserción se hace recién cuando dejan de consumir”, añade.

DERECHOS DE PROTECCIÓN

“La realidad es que los niños están trabajando en calles y muchos otros espacios que son más invisibles, y necesitan ser protegidos o separados de esa condición de explotación”, sostiene Norma Duarte, del Comité Directivo de Callescuela.

Agrega que si bien el trabajo es una actividad que dignifica y colabora en la solidaridad con la familia, las condiciones en las que se da hoy día, tanto en niños como adultos, son malas y es por ello que se necesitan programas de protección. “En el campo el niño trabaja y colabora con la familia, está protegido y no existe esa paradoja. Que los niños trabajen o no es debatible. Lo que no se debe permitir es la condición de explotación y que no les permita el desarrollo integral”, explica.

Por su parte, Sosa menciona que los derechos están consagrados en la Ley 1680/2001. El artículo 53 garantiza la protección de la salud, libertad, educación; incluso, en el inciso d está estipulado el acceso y la asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a sus particularidades locales.

En lo que a protección refiere, el Código Penal Paraguayo dice, en su artículo 226, que la falta del deber al cuidado está penado con pena privativa de hasta tres años o con multa para padres o tutores. El Código de Niñez también habla de la protección del Estado, en su artículo 25, señala que “el niño y el adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral”. Sin embargo, a decir de Duarte, hoy día muchos niños deben trabajar para acceder a sus derechos, para acceder a educación y salud, para estar protegidos.

El registro de datos de los adolescentes que trabajan, por ley, es atribución de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), que debe proveer a los mismos una constancia en la que se consignen los datos laborales, al igual que a la autoridad regional del Trabajo, a fin de controlar el cumplimiento de las normas de protección correspondientes.

“Tratamos de concienciar sobre políticas de protección y sobre la necesidad de ampliar el presupuesto. La Municipalidad, a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, brinda alimentación para esos niños, es un espacio de ayuda pedagógica, visualizamos una política de protección integral para ellos”, agrega la directora de Niñez y Adolescencia de la Codeni, Nilda Mellid.

ABANDONO A PUEBLOS INDÍGENAS

En la TOA convergen distintas parcialidades: Mbya, que son nómadas; maká, nivaclé, mbya guaraní, ava guaraní. Los nivaclé y maká trabajan vendiendo artesanías dentro de la Terminal.

El Instituto Paraguayo Del Indígena (Indi) debería velar por sus derechos, pero desde el ente alegan que solo regulan leyes y acompañan a los pueblos indígenas en torno a la situación de sus tierras. Sostienen que no trabajan con niños y niñas. Otras instituciones suelen cuestionar la ausencia del Indi durante allanamientos realizados ante hechos de vulneración de sus derechos. Además, cuestionan la no ejecución del presupuesto social destinado al sector, el más vulnerable.

“Como institución tratamos de dar albergue humanitario a estos niños, el alcance pasa por el Indi, institución que rige los derechos humanos de los nativos indígenas. No olvidemos que ellos tienen una legislación especial inclusive. Paraguay puede someterse a castigos internacionales si infringe los acuerdos, convenios y leyes. La enfermedad es mucho más grave, es la desigualdad, la injusticia social, la falta de políticas públicas incluyentes”, evalúa el intendente de Asunción, Mario Ferreiro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.