Mientras crece la inseguridad en las calles, el Grupo Lince sufre la falta de apoyo de las actuales autoridades. La unidad especializada de la Policía Nacional tiene varias motocicletas fuera de servicio y no cuenta con el presupuesto para repararlas.

La creación de este grupo pudo ser posible gracias a la ayuda de la Binacional Yacyretá, la cual otorgó 300 motocicletas inicialmente. Según el comisario Gustavo Ruíz Díaz, jefe del Grupo Lince, esta institución sigue apoyando a la Policía Nacional en el arreglo de las motos averiadas. Sin embargo, videos captados en el cuartel general muestran un verdadero “cementerio” de estas motocicletas. En las imágenes se observa una veintena de motos llenas de polvo, amontonadas, en dos salones.

Esta triste imagen demuestra la verdadera desidia del Gobierno, el cual en vez de fortalecer las operaciones de los uniformados, los desmoralizan al no poner en condiciones sus elementos de trabajo.

Inclusive a lo anterior se suma el recorte de los beneficios de los “linces”, quienes pese a trabajar más horas de corrido, pasaron de percibir G. 1.500.000 a solo G. 600.000 en concepto de plus. Esta medida únicamente genera un desanimo en las filas policiales del grupo, que una vez fue la “niña bonita” de la institución y donde todos los agentes policiales querían prestar sus servicios.

Lo agravante de las medidas adoptadas por la administración del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, es que finalmente la gente es la que sufre a consecuencia de la ola de inseguridad. Si bien las autoridades aseguran que no bajó el porcentaje de las operaciones del grupo Lince en la vía pública, la percepción ciudadana es completamente contraria, al no sentir una fuerte presencia de los uniformados en las zonas más conflictivas, como anteriormente sí se daba.

Hasta tanto el Gobierno no se ponga las pilas y brinde el apoyo requerido, los “linces” seguirán ausentes en las calles y la ciudadanía a merced de los malvivientes que acechan a sus víctimas en las calles.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.