Rolando Rivas, abogado de la familia, afirmó en entrevista con Universo 970 AM que la infección se produjo a raíz de que no se realizaron los protocolos de control a la sangre que recibió el niño.

“El director del hospital en aquel momento, Dr. Nelson Mitsui, nos dijo que no se hizo el protocolo y nunca aclaró el por qué. Le pedimos una aclaratoria ahora del por qué no se estudió esa sangre y del por qué no se hizo el protocolo”, expresó.

Acotó que la Fiscalía si bien continúa con la investigación, ya se debe tomar una decisión con relación al caso. “Mientras más queremos esclarecer el hecho, más se oscurece. Cuando debía salir la imputación, vinieron a embarrar más, por eso pedimos una aclaratoria que tampoco están respondiendo”, reiteró.

En ese contexto, Rivas indicó que ya pasaron 4 años desde que se supo que al niño le transmitieron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante una transfusión de sangre en el INCAN y la familia presentó la denuncia.

Precisó responsables directos son los funcionarios del Banco de Sangre y el personal de salud del hospital, quienes estuvieron a cargo de la cirugía aquel día, no obstante, hasta la fecha la fiscal Carolina Martínez, no presentó imputación. “La conclusión de Medicina Forense es que no se realizaron los protocolos de control a la sangre”, puntualizó.

Por otra parte, sostuvo que no existe un órgano contralor sobre los centros hospitalarios, por lo que indicó que se debe revisar el código sanitario y presentar un nuevo proyecto de Ley luego de lo acontecido.

ANTECEDENTES DEL CASO

Los padres de un niño de 12 años con linfoma denunciaron que supuestamente le transmitieron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante una transfusión de sangre en el INCAN, cuando tenía 4 años de edad, en el año 2011.

Pero recién en agosto del 2019 se detectó que el mismo vivía con el virus, tras unas pruebas que se le estaban realizando para conseguir el alta definitiva.

Tras tener conocimiento, todos los familiares fueron sometidos a la prueba de VIH donde todos dieron resultado negativo, excepto el niño. También se constató que no sufrió ningún tipo de abuso sexual.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.