En un colorido desfile, del que participaron grupos de percusión, payasos, mimos y equilibristas, los menores reclamaron el fin de los abusos sexuales y la protección efectiva de su “derecho a ser niños”.

“Mi cuerpo es mío, no abusen de él, mi territorio, lo voy a defender”, corearon niños y adolescentes, que pidieron una mayor respuesta del Estado ante los casos de abusos a menores.

Durante el recorrido por la céntrica calle Palma, los manifestantes realizaron varias paradas, en una de las cuales se amordazaron de manera simbólica para representar “el silencio de la sociedad” ante los casos de violencia sexual.

En otra de las paradas denunciaron “la ausencia de instituciones públicas” como la Fiscalía o las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) para acompañar estos casos e impedir que queden impunes.

Además, un grupo de actores exhibió carteles con la cifra 686, el número de partos en niñas de entre 10 y 14 años registrados en 2014 en Paraguay, y considerados todos ellos fruto de un abuso sexual.

“Ninguna niña debería ser madre”, pudo leerse en una de las pancartas, mientras que otros mensajes cuestionaban las penas impuestas a los autores de abusos sexuales, y exigían su endurecimiento.

Al término de la manifestación, en una plaza junto al Panteón de los Héroes, una actriz realizó una interpretación de un presunto caso de explotación sexual de menores, escenificando la historia de una joven vendida por su familia a una conocida que la utilizó para la prostitución.

Cintia Ezcurra, una de las portavoces del Movimiento contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, plataforma convocante de la marcha, denunció a Efe la “inacción del Estado ante los altos índices de abuso, trata y explotación sexual a menores”, que consideró “una violación sistemática de sus derechos”.

La activista insistió en la necesidad de implantar políticas de educación sexual para que niños y adolescentes “conozcan sus cuerpos” y puedan identificar en qué contextos son víctimas de abusos para poder denunciarlo.

La manifestación sirvió para conmemorar el Día Nacional de Lucha contra el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que tiene lugar cada 31 de mayo en Paraguay en recuerdo de una niña de 11 años abusada sexualmente y hallada muerta en la ciudad de Yaguarón en 2004.

Los casos de abusos sexuales contra menores cobraron mayor relevancia mediática tras conocerse en abril de este año el caso de una niña de diez años embarazada de casi seis meses a consecuencia de una violación perpetrada por su padrastro.

Las denuncias por abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes en el país pasaron de 788 en 2005 a 2.298 en 2010, según Unicef.

Por su parte, la organización paraguaya Plan Internacional detectó que el 42 % de las denuncias presentadas en escuelas entre 2008 y 2012 fueron por violencia sexual.

Además de los abusos sexuales, cerca de 45.000 niños paraguayos se encuentran en condiciones de “criadazgo”, empleados como trabajadores domésticos en casas de terceros a cambio de comida y alojamiento, según denunció la ONU en 2013.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.