Uber es una red mundial que proporciona un servicio de transporte privado que se solicita a través de una aplicación de celular. El sistema está disponible en varias capitales de América Latina y en algunos de ellos es ilegal. Solo en Caracas, en La Paz, en Managua y en Asunción no existe posibilidad de pedir un vehículo usando el celular.

Arístides Morales dijo a la 800 AM que Uber es una empresa cuyo origen es difícil identificar y que utiliza una aplicación de celular como si fuese “la solución” o como si “se haya descubierto la pólvora”.

“Es una aplicación que tuvo varios problemas con otros países por la falta de identidad de la empresa que está haciendo el servicio de traslado de los usuarios… nosotros estamos haciendo resistencia. Estamos coordinando con compañeros del interior y de Argentina. Es una competencia desleal porque abaratan los costos”, dijo Morales.

El titular de la APTA reconoció que Uber tiene un costo 50% menor del que ofrecen los taxis convencionales en Asunción pero que ellos renovaron casi el 100% de la flota de vehículos para ofrecer un mejor servicio. De instalarse Uber, vaticinó caos, zozobra social y reacciones porque no pueden ser desplazados por una empresa que “no contribuye un guaraní con el estado con impuestos”.

Recordó que una situación similar hubo cuando se intentó instalar el servicio de Easy Taxi, que planteaba la utilización de un servicio de celular en lugar del tradicional “Taxi Radio”. Este sistema también fue rechazado por los taxistas ya que la asociación mantiene el control sobre el sistema.

Morales dijo que se enteraron que Uber fue inscrita en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y que harán una defensa muy fuerte contra el sistema porque les quita el derecho, la dignidad y la oportunidad. Sostuvo que en otros países sacaron leyes contra el servicio ya que no contribuye al fisco.

Sobre las acusaciones en su contra que lo sindican de ser el monopolizador del servicio de taxis en Asunción, dijo que no existe porque la misma ordenanza habilita a que un propietario solo puede tener tres vehículos. Dijo que en la capital funcionan 1.300 unidades, existen 1.200 dueños y que la APTA aglutina a los que tienen permiso de la Municipalidad para operar.

EN AMÉRICA LATINA

En Bogotá, Colombia y en Buenos Aires, Argentina, el servicio existe pero no está regulado por el Gobierno por lo tanto, es ilegal. En Quito, Ecuador, existen Uber y Cabify pero actualmente se hallan en un limbo jurídico que pretenden aclarar las partes ya que existen regulaciones como empresa pero no como dueños u operarios de vehículos ya que, técnicamente, no los son.

En Lima también existe el servicio pero no óptimo ya que hay varias quejas de usuarios por cobros indebidos. En toda Brasil existe en las grandes ciudades y en Santiago, Chile, hay Uber pero persisten conflictos entre taxistas y conductores.

En San José de Costa Rica hay servicio pero es ilegal y una vez al mes, por lo menos, se dan movilizaciones de taxistas contra Uber y en Montevideo, el servicio funciona a pleno porque la firma trabaja como una unipersonal y los trabajadores tienen licencia de conducir profesional.

En Asunción, La Paz y Caracas el servicio no existe.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.