La fiscal María Eugenia Segovia explicó al canal GEN que imputó al empresario brasileño, Marcos Gomes Da Silva, por presunto feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, al recolectar los suficientes indicios que sustentarían la denuncia presentada por la conductora de TV, Norita Rodríguez.

La investigadora indicó que el supuesto intento de feminicidio habría ocurrido el 25 de octubre en la vivienda de la denunciante, y que el 28 de ese mes tomó conocimiento del caso luego de que la mujer radicara su denuncia. Esto se dio, según explicó, porque la conductora estuvo internada en un centro asistencial privado por las lesiones sufridas durante un forcejo. En este sanatorio además la mujer recibió contención psicológica.

“Se mantuvo en reserva la investigación porque la víctima pidió sigilo por ser una figura pública, se hicieron varias diligencias. Se hizo una entrevista de una hora, ella detalló pormenorizadamente la relación con Gomes, de convivencia, como comenzaron las primeras violencias psicologías y luego las físicas”, comentó.

Respecto al intento de feminicidio que habría ocurrido, la investigadora indicó que presuntamente Gomes habría agarrado del cabello a su pareja, estirado hacia el balcón, y allí ella reaccionó porque era un piso muy elevado y temía que la arrojara al vacío. “Siempre conforme a la denuncia, y presumiendo la inocencia del denunciado, ella pidió auxilio y buscó los medios para defenderse, incluso dejó marcas en las paredes al sangrarle los dedos. En un momento se aferró al cuerpo de su atacante por si intentara arrojarla y luego utilizó técnicas de defensa corporal para liberarse”, relató.

Con relación al delito de violencia familiar, la fiscala indicó que la denuncia presentada refiere que se dieron otros hechos, como supuestas amenazas con armas de fuego y que con un cuchillo le habría clavado en la palma de la mano.

EL VIDEO DEL DENUNCIADO

Por otra parte indicó que estuvo al tanto de la viralización de un video donde el denunciado ataca a la denunciante. “Justamente se dio a publicidad esta imputación ante el intento de este señor, dentro de su defensa, de salir a confundir a la ciudadanía”, contó y aclaró que es mentira que haya recibido alguna compensación monetaria de parte de la querella.

La agente fiscal sostuvo que el imputado tiene todas las garantías de la justicia para defenderse en un debido proceso judicial.

“Existe acá un abordaje interinstitucional del Estado y los medios de comunicación porque es el canal para llegar a la ciudadanía. Se deben evitar situaciones que puedan dañar a la víctima, el video se viralizó y ampliamente compartido, eso constituye violencia telemática, aquella violencia por un medio tecnológico, son actos de violencia hacia una mujer. Pero la ley no prevé ninguna sanción, solo una protección integral, para que un juez ordene que no se publique (si aún no se hizo) o impedir que se siga difundiendo”, dijo sobre la publicación del video en cuestión en un canal de televisión.

Por último pidió a toda la ciudadanía no difundir videos o materiales de hombres que agreden a las mujeres. “No demos espacio a personas agresoras”, puntualizó.

Gomes Da Silva cuenta ya con una imputación, también por violencia familiar, en un caso de agresión a su expareja en diciembre del 2017.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.