El procurador general de la República, Sergio Coscia, calificó como “angustiante” esta demanda e indicó que defenderán sus intereses ante la Corte el próximo 7 de febrero en una audiencia.

Coscia argumentó que es inadmisible que el Estado deba indemnizar a dos personas que están investigadas por un delito como el secuestro y defendió que tuvieron todas las garantías procesales.

“Esas dos personas estaban siendo procesadas y aprovechándose del debido proceso y de los derechos humanos que le estaba brindando el Estado al someterlos al debido proceso se fugaron del país y obtuvieron un refugio por la situación política de aquel entonces”, señaló.

Con respecto a la audiencia, el procurador general de la República anunció que pedirá que se reconozca un mayor número de testigos porque, según indicó, solamente se ha aceptado el testimonio del doctor Óscar Germán Latorre, mientras que se ha rechazado el de otras 27 personas.

Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicancia en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.

Los dirigentes argumentaron que fueron interrogados constantemente sobre sus actividades políticas y que les presionaron para declararse culpables del secuestro, según informó la Organización de los Estados Americanos en un comunicado.

Antes del juicio, los dos hombres desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la Policía Nacional.

El 1 de diciembre de 2003 Brasil decidió reconocer a Arrom y Martí como refugiados políticos y les otorgó la protección para que residan libremente en su territorio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó a finales del pasado año que Paraguay es responsable de una violación de derechos, argumentando que se quebrantó el “principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme”.

Y recomendó a Paraguay resarcir económicamente a los dos dirigentes, así como sufragar los costes derivados de la atención a su salud física y mental, mientras residen en Brasil.

El Gobierno por su parte, anunció el pasado mes de octubre que volvería a solicitar a Brasil la revocación del estatus de refugiados de Arrom y Martí para que la justicia del país pueda concluir su juicio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.