Existen casos en los que el Ministerio Público pide la prisión de los imputados cuando los delitos son graves, como se dio con el diputado Ulises Quintana, donde por ejemplo la fiscala Lorena Ledesma siempre mantuvo la postura de que el parlamentario estaba procesado por hechos que de ser comprobados podría recaer sobre el mismo una condena de 15 a 20 años de cárcel y existía la posibilidad de fuga, por lo que debía estar preso.

Sin embargo en el caso del senador Rodolfo Friedmann imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo, una eventual condena estaría también rondando más de 10 años de cárcel, pero la fiscalía no pidió la prisión para el legislador, por el contrario solicitó que siga libre.

“No existe una unidad de criterio al momento de solicitar la prisión preventiva de parte de la Fiscalía, esto devela que hay una elección arbitraria, antes que una elección jurídica”, señaló el Dr. Kronawetter.

El profesional del derecho dijo que cuando hay lavado de dinero, se está ante un hecho grave y más grave aun son las consecuencias que ese delito conlleva y que se suele pedir la prisión, pero eso otra vez está en manos de los fiscales que a su vez cada uno interpreta la ley a su antojo.

Friedmann está procesado justamente por lavado de dinero, pero no se requirió la prisión, el Ministerio Público optó por el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión. En el caso del senador se dan todos los presupuestos para pedir su prisión ya que existe la obstrucción de la investigación, que se da con las chicanas y el uso abusivo de su cargo de senador para trabar las pesquisas, también la elevada condena a la que se expone si es encontrado culpable, también se tendría que tener en cuenta su no sometimiento al proceso.

Pero como señaló el abogado Kronawetter todo depende de la cara del cliente, para solicitar su prisión o no y tiene que ver con el impacto mediático que tendrá el hecho, todo esto se antepone a lo que mandan las leyes.

Rodolfo Friedmann ahora con medidas alternativas impuestas por su juez amigo Rolando Duarte, en total libertad seguirá obstruyendo la labor de investigación como la viene haciendo desde el 31 de agosto pasado cuando fue imputado, junto a su esposa Marly Figueredo, el diputado Éver Noguera, Silvio Alfaro, Lourdes González y el funcionario de la gobernación del Guairá Eduardo Domínguez, por sus vínculos con la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) que en el año 2016 ganaba las licitaciones del almuerzo escolar, en el Guairá cuando el gobernador era Friedmann.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.