El 27 de noviembre del 2000, la abogada Mercedes Britez de Buzó, entonces en su rol de jueza de la niñez y adolescencia, resolvió accionar para retirar de las principales avenidas de Asunción a niños de todas las edades, ante la denuncia de que sus padres los utilizaban para obtener dinero.

La polémica no tardó y años después el Gobierno pidió disculpas porque los niños trasladados a hogares de abrigo mediante orden judicial no pudieron vincularse por mucho tiempo con sus familias. Y posteriormente los indemnizó.

Ahora, la candidata a diputada explicó lo que hay detrás del caso. “No fue un arreo, eso fue una medida cautelar. La Corte Suprema de Justicia avaló mi resolución, porque se ajustaba a derecho”, indicó la exmagistrada.

Sostuvo que desde el movimiento político Tekojoja (luego agrupado al Frente Guasu) la denunció por privar a los menores, sin embargo, según la misma, la izquierda perdió ante la justicia paraguaya y sin siquiera agotar todas las instancias recurrió a los organismos internacionales para denunciar a Paraguay. Britez mencionó que en la denuncia se tergiversaron los datos, porque los propulsores de la acción aseguraron que ella metió presos a los niños, siendo que fueron enviados a los albergues.

Dicha denuncia internacional no llegó a prosperar, según recordó la entrevistada. Sin embargo, luego Fernando Lugo subió al poder y junto con él “toda la gavilla de las oenegés que movilizó por cielo y tierra la acción, y el Paraguay se autosancionó al llegar a un acuerdo con la Comisión Interamericana y pagando a los padres de los 52 niños, menos a uno cuantos, la suma de 6.000 dólares a cada uno”. Dicho monto, según resaltó, no llegó a todos, por lo que se desconoce a dónde en realidad fueron a parar.

La abogada indicó que el gobierno de Lugo cometió irregularidades en dicho acuerdo con las familias que se vieron afectadas, ya que mencionó que fue Liz Torres quien inició la acción y que luego fue ministra de la Niñez en la época de Lugo, cuando se realizó la mea culpa. A esto se suma que, de acuerdo con la letrada, ni el titular de la Corte ni el propio canciller internacional rubricaron el documento, porque a sus pareceres no correspondía tal medida que desde el principio fue avalada por las autoridades judiciales. Finalmente, siempre conforme a la entrevistada, firmó el entonces procurador general de la República y actual contralor, Enrique García, quien no tenía la competencia en la causa.

Sobre el hecho que la motivó a sacar a los niños de la calle, indicó que en realidad son varios, porque hacían trabajar a menores de 14 años, siendo que está prohibido, además muchos niños fueron traídos del Brasil sin documentación alguna. Había además bebés desnutridos.

“A algunos de 8 a 10 años se les pagaba 10 mil guaraníes para alzar a los niños y pedir limosnas. Cuando eran inválidos eran mejor, ya que eso sensibilizaba más. A los bebés les daban medicamentos para que se duerman. Era un mercadeo de niños, y los adultos mientras se sentaban a tomar tereré y le decían a sus hijos “anda a pidear”. Así le llamaban a esa actividad”, contó.

La exjueza sostuvo que incluso a las niñas más grandes les hacían practicar sexo oral y que a otras los demás niños las violaban frente al IPS, al meterles el dedo en sus partes íntimas.

“Yo estoy documentada para decir esto. Sé de lo que hablo. A los niños también se les pegaba si no llevaban plata a sus casas, por eso muchos de ellos se quedaban a dormir en la calle si no conseguían el dinero”, lamentó. “Entonces yo siendo juez, percibiendo un sueldo del Estado y durmiendo cómodamente en mi casa, cómo voy a dejar eso de lado y voy a decir que es un problema social y no judicial. No tengo el corazón para dejar a los niños que están siendo violentados. Ahora los jueces de la niñez no se animan y se cagan todo, no se quieren jugar a la niñez. Es bola que se juegan por la niñez”, argumentó.

Por último Britez de Buzó recalcó que la gente que la había denunciado debe estar presa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.