Un joven denunció un aparente mal procedimiento policial que fue realizado por parte de un efectivo del Grupo Lince, quien lo llevó a una comisaría al no tener consigo su cédula de identidad. El individuo en todo momento solicitaba que le hagan un acta en el sitio, ante el temor de que le implanten droga o le atribuyan otros hechos delictivos.

Esta situación generó posturas divididas de los ciudadanos, ya que algunos consideran que la Policía no está facultada a realizar esta medida, mientras que otros se muestran convencidos de que sí lo está.

Consultado sobre este caso, el comisario Omar Campuzano, jefe del Grupo Lince, dijo a la 780 AM que la Policía Nacional está habilitada plenamente por la Ley 222/93 que establece la Orgánica de la Policía Nacional. Sin embargo, no pudo especificar el artículo exacto.

Al hacer una revisión de dicha norma, en el artículo 6º habla sobre las funciones, obligaciones y atribuciones de la Policía Nacional. En su inciso 7º establece “solicitar la presentación de documentos de identificación personal cuando el caso lo requiera”.

El uniformado dijo que los agentes de “Lince” están facultados para individualizar a los ciudadanos que están en actitud sospechosa, pero que no tienen el sistema móvil para poder realizar el cruzamiento de datos, por lo que llevan a los ciudadanos hasta la comisaría. “Estamos facultados a detener hasta seis horas sin dar aviso a la justicia y en este caso el joven fue aprehendido al negarse a ser identificado. Se le llevó a la comisaría y luego puesto en libertad, al no tener pendiente ninguna causa”, añadió.

Campuzano refirió que mediante estos controles masivos de personas, pudieron realizar más de 2.000 detenciones de personas que contaban con órdenes de captura. Así también refirió que hacen estos procedimientos ante las denuncias por presencia de personas adictas en las plazas y la venta de sustancias ilícitas en los espacios públicos.

POLICÍA DEBE EXPLICAR ORDEN DE TRABAJO

El letrado Guillermo Duarte refirió a la misma emisora que los ciudadanos se rigen por el derecho privado, donde está permitido todo lo que no está prohibido, por lo que no se infringe nada salir a la calle sin la cédula de identidad. Mientras que afirmó que la Policía está facultada a pedir el documento en ciertas situaciones, para ejercer su facultad de prevención.

“La Policía realiza una función pública y le está permitida solo lo que está expresamente permitido en la norma, no puede actuar de manera discrecional. Debe justificar la intromisión de la vida privada de las personas, de algo concreto, no de algo abstracto. Debe tener una orden de trabajo”, dijo.

Explicó que los agentes deben tener los indicios de que un ciudadano tiene una “actitud sospechosa” de haber cometido un hecho punible, como que está implicado en tráfico de drogas, robo, etc. “No le puede llevar porque se le cante a un agente que esté patrullando por la calle”, acotó.

Así también resaltó que no existe el derecho ciudadano a no ser investigado. “La persona posee la libertad de transitar, pero también puede ser detenida, siempre y cuando se está investigando un hecho en concreto y se posee la orden de trabajo”, indicó. Es por esto que dijo que si la Policía te para a pedir tu identidad, hay que preguntarle cuál es la orden de trabajo.

Duarte afirmó que cuando una persona es demorada debe labrarse acta. Aunque subrayó que la praxis establece que se da en la comisaría, no así en la vía pública. “No se puede labrar acta en medio de un procedimiento, sino que al término de este”, dijo respecto a lo que pedía el joven al agente del Lince.

Uno de los abogados defensores de una idea contraria es Jorge Vasconsellos, quien en otro debate similar generado en el pasado había publicado un escrito sobre el tema (aquí para leerlo en extenso). A su parecer, los ciudadanos no están obligados a portar la cédula, ya que las leyes no establecen la facultad a los policías a exigirla, sino más bien solo a solicitarla. Además la identificación es un derecho, no así una obligación, de acuerdo con su postura.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.