En entrevista con la 970 AM, Ljubetic cuestionó a los referentes de partidos y movimientos políticos minoritarios que aseguran que se produjo un fraude en las elecciones generales celebradas el domingo último.

Sobre este punto, recordó que los errores que pueden exhibirse en algunas actas (datos cargados erróneamente y que no coinciden) son normales en un proceso electoral.

“Las actas redactan personas que no son científicas ni especialistas en la materia, son seres humanos que fueron designados por los partidos políticos para estar ahí, algunos inclusive sin la capacidad necesaria para estar en una mesa”, manifestó.

El exasesor del TSJE sostuvo que el hecho de que las actas puedan tener alguna diferencia no es ninguna novedad, pues ya en anteriores oportunidades se registraron situaciones similares. “Si a eso queremos calificarlo como un gran fraude planificado estamos ante un error conceptual tremendo y ante una actitud política peligrosa”, opinó.

El ataque se está haciendo a la parte más fuerte de la Justicia Electoral -expresó Ljubetic-, refiriéndose al procedimiento de juzgamiento de actas, el cual catalogó como “muy bueno, confiable, seguro e inexpugnable”, por lo considera que los denunciantes “se van a dar cuenta que no puede haber fraude con la cuestión de las actas”.

En otro momento de la entrevista radial, mencionó que el planteamiento que hicieron los opositores de suspender el proceso “es absolutamente ilógico”. “Si ellos dicen que en el TREP se cometieron errores cargando actas que no condicen con el certificado de resultados que ellos tienen, lo primero que deberían querer hacer es revisar las actas de escrutinio para corroborar esos errores”, indicó.

Ljubetic también cuestionó a los veedores y representantes de los partidos políticos que estuvieron el día de las elecciones controlando los votos y la carga de las actas, preguntándose cómo permitieron que eso ocurra ya que antes de labrar el acta lo primero que hace el miembro de mesa es preguntar si hay alguna oposición al escrutinio .

“Están destruyendo la imagen de un verdadero orgullo paraguayo que es el TREP de la Justicia Electoral. Voy a defender a capa y espada porque este procedimiento es correcto y no puede ser que por intereses particulares pretendan menoscabar”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.