La titular del Trabajo, resaltó que esta situación se presenta favorable, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, para sostener el empleo.

Asimismo, aclaró que los conceptos de suspensión y desempleo se prestan a confusión.

“Estamos hablando de una tasa de desempleo sumamente contenida en Paraguay. La cantidad de bajas que tenemos en el empleo, tanto en abril y en marzo, están por debajo de las tasas de desempleo con relación al año pasado”, expresó a Ñanduti.

Bacigalupo, sostuvo que marzo y abril del 2020 presentan menores bajas, es decir, las tasas de desempleos no están disparadas y presentan un parámetro normal según los estudios que realiza la cartera de Trabajo cada mes.

Por otra parte, las suspensiones de contratos, reconoció que afecta a más de 75.000 trabajadores. No obstante, dicha suspensión no significa desempleo.

Sobre ese punto, especificó que los empleadores y trabajadores, retienen el vínculo laboral, se realizan los pagos de las compensaciones económicas a través del IPS y se retiene además la cobertura médica de la previsional para los empleados y sus familias.

En ese sentido, la ministra resaltó las medidas adoptadas del Gobierno Nacional, desde el inicio de la cuarentena para sostener el empleo.

“Una de ellas fue la de combinar dos leyes, la Ley Laboral (Código Laboral) que establece la figura de la suspensión y la Ley de Emergencia que establece el pago de las compensaciones de trabajadores formales suspendidos o cesados, a cargo del IPS”, indicó Bacigalupo.

Asimismo, dijo que esta medida permite al trabajador seguir manteniendo su puesto laboral y al empleador seguir con el contrato pero suspendido, no así a desemplear.

Bacigalupo, citó el ejemplo de un restaurante que desde el 10 de marzo suspendió sus actividades comerciales. La acción que adoptó la empresa fue, el pago del salario correspondiente a marzo a sus trabajadores de acuerdo a las medidas dispuestas por el Ministerio de Trabajo y solicitar la suspensión de los contratos en el mes de abril, sin llegar al despido o desvinculación.

La ministra, dijo que el empleador gana el sostenimiento laboral de sus funcionarios.

“El compromiso de los dueños, es realmente notable, ya que no quieren desprenderse de sus trabajadores”, enfatizó.

Asimismo, explicó que actualmente los 75.000 trabajadores, no están desempleados, sino que se encuentran suspendidos, cuentan todavía con empleo y cobran el subsidio del IPS.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.