El comisario Teófilo Giménez, director de Seguridad Ciudadana de PJC, mencionó que la abogada Laura Casuso no portaba chaleco antibalas cuando sufrió el atentado en el barrio María Victoria, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La víctima no contaba con guardias de seguridad y estaba viviendo sola, aunque no radicaba en PJC, sino que “iba y venía” a la ciudad. No habría recibido amenazas, ya que no realizó denuncia alguna al respecto. Un hijo suyo vino de Argentina para retirar su cuerpo, según mencionó el uniformado.

En charla con la 970 AM, Giménez indicó que la zona en donde ocurrió el hecho estaba a 400 metros de la línea internacional y que se presume que los autores son ciudadanos brasileños. Sin embargo, no se pudo aun precisar la chapa del rodado utilizado para el asesinato de la abogada.

En total los malvivientes, de acuerdo con el reporte dado por el comisario, efectuaron 18 disparos, ya que en el sitio se levantó esa cantidad de vainillas servidas, de calibre 9 milímetros. De dicho número, ocho impactaron directamente contra Casuso, según el comisario.

Sin embargo, el médico forense Dr. César González Haitter aseguró que la mujer recibió en total 10 impactos de bala. Detalló en contacto con la 780 que recibió dos tiros en la región cervical, tres en el tórax, un impacto al nivel del abdomen, uno al nivel del miembro inferior y tres al nivel del miembro superior.

Este atentado ocurrió durante un encuentro que mantuvo la mujer con los masones. En plena reunión, la letrada recibió la llamada de un conocido suyo y cuando salió a atender la comunicación, fue abordada por los sicarios.

Inmediatamente la misma fue llevada al hospital regional de Pedro Juan, donde fue intervenida quirúrgicamente. Llamativamente en el nosocomio se vio a muchas personas fuertemente armadas. Según el comisario Giménez, todos eran policías que estaban de particular y no eran civiles.

Por su parte, el doctor Hugo Gonçalves, director del Hospital Regional, indicó a la 970 AM que las balas afectaron arterias muy importantes. La paciente se desangró mucho, tenía lesiones a la altura de la columna y no estaba sintiendo las piernas.

Si bien el acto quirúrgico fue exitoso porque se controlaron las heridas, la abogada falleció luego. “Estaba viva cuando terminó la cirugía, pero lastimosamente no aguantó el pos acto quirúrgico”, dijo y añadió que era una paciente con patología cardíaca; ya se había intervenido con anterioridad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.