El activista argentino, quien dijo dirigirse al pueblo y al Gobierno paraguayo, señaló en un vídeo divulgado hoy en las redes sociales que “en una construcción democrática deben respetarse los derechos de los pueblos originarios”.

“No pueden ser reprimidos. Hay que respetar los pactos y convenciones internacionales porque es la única forma de fortalecer la unidad del pueblo y la democracia”, señaló Pérez Esquivel.

Desde hace meses, varias familias de indígenas permanecen acampadas en el centro de Asunción, frente al edificio del Congreso, para denunciar el desalojo de sus tierras por parte de colonos brasileños.

El grupo pertenece a la comunidad Ava Guaraní Tacuara’i, ubicada en el distrito de Corpus Cristi, del departamento de Canindeyú.

Uno de los líderes de ese grupo, de 28 años, falleció de un disparo el mes pasado en ese lugar, crimen que está siendo investigado.

El grupo exige que se investigue el hostigamiento y la violencia que viven en sus tierras y reclama la destitución de la titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ana María Allen.

Grupos de otras comunidades indígenas acostumbran a desplazarse a Asunción para pedir ropa y alimentos a los responsables del INDI, ente que algunas organizaciones no gubernamentales califican de inoperante.

También critican esas organizaciones al Estado por no estar presentes en las comunidades indígenas de Paraguay, un colectivo que agrupa a unas 120.000 personas, de las cuales el 76 % vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales,

Parte de esa franja poblacional fue desposeída de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia, dando como resultado un éxodo a los centros urbanos, donde esos indígenas viven en condiciones de absoluta precariedad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.