Nueva Alianza XXX finaliza con la anulación de 748 toneladas de marihuana

La Operación Nueva Alianza XXX, trabajo en conjunto de Paraguay y Brasil para combatir el crimen organizado en departamentos de la frontera, finalizó luego de 10 jornadas de actividades en diversas zonas de acción como la Colonia Estrella y Ñu Vera. Las pérdidas económicas para el narcotráfico superan los 22 millones de dólares.

El equipo que ya mantiene un ritmo de trabajo coordinado contra los cultivos ilícitos lo constituyeron la SENAD, la Fuerza de Tarea Conjunta, la Policía Federal del Brasil y el Ministerio Público.

Estas fuerzas encararon incursiones en terrenos elevados y bajos, con la utilización de helicópteros de la Fuerza Aérea y la Policía Federal, los cuales ubicaban a los contingentes que detectaron unos 81 campamentos narcos en sus monitoreos.

Según el informe, a los centros de procesamiento desmantelados se le sumó la erradicación de un total de 246 hectáreas de cultivos de marihuana, y la incineración de 10.283 kilos de la droga lista, lo que arrojó un total de 748 toneladas la droga sacada de circulación.

Los diez días de trabajo empleados en “Nueva Alianza XXX” arremetieron principalmente contra la base del financiamiento de grupos criminales del Brasil y Paraguay.

En ese orden, el perjuicio generado a las dichas organizaciones asciende a 22,4 millones de dólares.

Robo en las narices policiales: “Fue al costado de la Comisaría, no en frente”

Delincuentes hurtaron la motocicleta de un policía que presta servicios en la Comisaría 3ª de Luque. El biciclo estaba estacionado al costado de la sede policial, “no en frente”, resaltó uno de los uniformados.

“Lastimosamente el personal fue víctima del hurto de motocicleta, pero quiero aclarar que no fue frente a la comisaría, él estacionó al costado de la comisaría su motocicleta el día miércoles a la mañana, llegó para tomar su guardia y al día siguiente ya no encontró”, explicó el Crio. Marcelino Brítez, subjefe de la Comisaría 3ª.

Detalló que prácticamente no hay espacio para estacionamiento, ya que las calles aledañas son ocupadas por automovilistas que trabajan en las inmediaciones de la zona y que además hay rodados en desuso depositados allí.

En cuanto a la identificación del autor o de los responsables, el comisario dijo a radio 1080 AM que intentarán obtener imágenes de seguridad de la facultad de la cuadra o de locales que pudieran contar con cámaras, ya que la comisaría tampoco las tiene.

Piden fuerte sanción para propietario de chanchería

La Fiscalía de Ciudad del Este pidió una sanción de más de 100 millones de guaraníes para el propietario de una chanchería por delitos ambientales.

El agente fiscal Víctor Adolfo Santander presentó requerimiento de suspensión condicional del procedimiento en contra del propietario de una chanchería y frigorífico de Santa Rita por supuestos delitos ambientales y solicitó como recomposición la suma de 3 millones de guaraníes de forma mensual por 3 años, a ser destinado a un hogar beneficencia. De esta forma, la sanción aplicada al procesado sería de 108 millones de guaraníes por el daño ambiental causado.

El encausado está identificado como Luiz Filiponi (40), de nacionalidad brasileña. El requerimiento se presentó en el Juzgado Penal de Garantías, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera, luego de que el extranjero adecuara su establecimiento conforme a las normas vigentes en la Ley Ambiental, según se dio a conocer.

Según los antecedentes, el brasileño habría cometido los delitos de procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, en su establecimiento de cría y engorde de cerdo, tambo lechera, cría de aves y frigorífico. Estos hechos fueron constatados el 16 de julio del 2021, ocasión en que una comitiva de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales allanó el local, en cumplimiento del A.I. Nº 782, de fecha 16/07/2021, emanado del Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita. La intervención contó con el acompañamiento del técnico de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales, Ing. Luis Oviedo.

En el lugar se constató la existencia de aproximadamente 650 animales, los desechos consistían en estiércol que eran vertidos en tres cámaras interconectadas. Mientras, las menudencias se cocinaban para la alimentación de los animales. En el momento de la intervención no fueron exhibidas documentaciones. En otro sector se podía observar la acumulación de gran cantidad de huesos, que estaban acumulados a cielo abierto, constatándose además un frigorífico para la producción de embutido.

Al inicio de la investigación se constató que el Filiponi eludió sus obligaciones legales y ejecutó deficientemente el proyecto ambiental expedido por la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). No obstante, en el transcurso de la investigación, el propietario presentó todas las documentaciones, como ser informe de auditoría del Plan de Gestión Ambiental, correspondiente al proyecto de cría, engorde de cerdos, tambo lechero y cría de aves para la producción de carne.

Igualmente, el sindicado entregó la copia de constancia de Registro Industrial, con numeración 004163-2, cuya actividad específica es la producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, despostes de carne y conservación de productos cárnicos, elaboración de embustidos, expedido por el Ministerio de Industria y Comercio y que tiene como fecha de vencimiento 10/08/2023.

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2021, el Ministerio Público, se constituyó nuevamente al establecimiento y observó las mejoras implementadas y el cumplimiento de las recomendaciones que fueron realizadas por el técnico ambiental. Además, se comprobó que la matadería ya se encontraba operando para el faenamiento de ganado vacuno, en el sector de la chanchería los desechos consistentes en huesos fueron retirados por una empresa tercerizada, el resto de las actividades se desarrollaban conforme a su plan de gestión ambiental.

De esta manera, el encausado Luiz Filiponi demostró su voluntad de reparar y recomponer el daño causado al medio ambiente circundante, admitiendo los hechos y el consentimiento con el acto conclusivo requerido, que se encuentra avalado con su firma y del abogado defensor en el cuaderno de investigación fiscal.

Por consiguiente, el fiscal Santander solicitó la suspensión condicional del procedimiento de Luis Feliponi por un periodo de prueba de 3 años y la recomposición consistente en la suma de 3 millones de guaraníes de forma mensual, hasta totalizar 108 millones, como daño ambiental, que el procesado deberá abonar a una entidad benéfica.

Estafador se hace pasar por asistente fiscal para extorsionar y pedir dinero

Un desconocido se hizo pasar por el asistente fiscal Marcelo Ayala y solicitó una considerable suma de dinero a una persona a fin de evitar que sea procesada por Abuso Sexual. Piden a que denuncien casos así.

El funcionario, quien presta servicio en la Unidad Penal de Itá a cargo de la fiscal Daysi Sánchez, tomó conocimiento de que el estafador realizó una llamada a la víctima solicitándole la suma de G. 5.000.000 a cambio de que no sea procesada por el mencionado hecho punible, causa que no pertenece a la Unidad donde trabaja.

El extorsionador ha manifestado que la fiscal a cargo pertenece a la unidad fiscal de Asunción, sin embargo, la misma esta en la ciudad de Itá como Agente Fiscal.

Ayala realizó la denuncia para poder identificar a la persona que se encuentra detrás, ya que cuenta con el número telefónico desde el cual habría operado, teniendo en cuenta que terceros estarían haciéndose pasar por él, con números telefónicos que no le corresponden, ni a los funcionarios ,ni a nadie de su entorno.

La finalidad sería exigir dinero por medio de llamadas amenazando a las víctimas con abrir carpetas de investigación o evadir investigaciones penales. El afectado busca a que se indaguen las circunstancias de la utilización del número de teléfono.

En tal sentido, el Ministerio Público advierte a la ciudadanía de que en caso de ser afectado por este tipo de conductas, pongan a conocimiento de las autoridades y realicen sus denuncias en la Comisaría o Sede Fiscal.