El denunciante, Gustavo Ramón Velázquez relató que el sábado pasado acompañó a su sobrino, un adolescente de 16 años, hasta el sector del kilómetro 5 y medio barrio La Blanca a través del transporte de Bolt. Contó que el adolescente hizo contacto con una mujer y pactaron un sitio para el encuentro. Pero al llegar al lugar indicado, fueron interceptados por dos vehículos que le cerraron el paso, que resultaron ser los oficiales vestidos de civil.

“Pensé que se trataba de un asalto, es más llegué a decirle al chofer del Bolt a que cerrara todo su auto diciéndole que nos iban a asaltar, pero ahí golpearon el vidrio y al abrir ya nos obligaron a bajar del auto”, mencionó el afectado en una entrevista con un medio local.

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Posteriormente, dijo que ambos fueron llevados hasta la comisaría 23 del barrio Las Carmelitas por los agentes mencionando que en todo el camino fue golpeado mientras le exigían explicaciones, en tanto, su sobrino era indagado sobre “dónde tenía la droga”, señalando que los policías le primeramente los acusaron de vendedores de droga.

Al llegar a la comisaría, relató que fueron obligados a desnudarse para luego ser encerrados en una celda oscura. Posteriormente, los uniformados les mencionaron que debían de pagar G. 10 millones cada uno para ser liberados y el caso no se remita a la fiscalía. Contó que él tenía en su billetera la suma de 1 millón 500 mil guaraníes y prestó 500 reales de su cuñado para realizar el pago.

En cuanto a su sobrino, dijo que el papá tuvo que empeñar una moto por G. 500.000 y pedir prestado un poco más de dinero para poder liberar a su hijo. Tras el pago, los dos fueron liberados ya cerca de las 3 de la madrugada.

El hombre dijo que hubo otras dos víctimas, pero que llamativamente no presentaron denuncia de lo ocurrido, pero que él si se animó a reportar el grave caso, ya que no hizo nada fuera de lugar.

Los involucrados son el Suboficial Inspector Emilio Ruiz, Suboficial Ayudante Walter Romero y Suboficial Ayudante Arnaldo Machuca

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.