Los tres proyectos fueron trabajados en conjunto por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia, el Banco Central, el Banco Mundial y abogados especializados.

Como parte del paquete impulsado desde el ejecutivo aparece la ley de resolución de insolvencia. La mismo ya fue presentada al Congreso y actualmente se encuentra para su estudio en comisión. Su eventual aprobación genera alerta y desconcierto en sectores afectados.

El proyecto de resolución de insolvencia establece un régimen que otorga prioridad a los procedimientos orientados a la recuperación de las empresas viables con dificultades económicas. Se plantea, según los proyectistas, un cambio de paradigma: la reorganización es preferible a la liquidación.

De acuerdo a la exposición de motivos remitida por el Ejecutivo al Congreso se pretende mantener la operación de empresas con problemas financieros, protegiendo así el empleo y la utilidad de los bienes de producción, o liquidar de manera más ágil y eficiente empresas inviables.

El principal objetivo del Gobierno es la protección de las MIPYMES, las cuales, según datos oficiales, emplean al 76% de la población ocupada, lo que representa a más de 2,6 millones de paraguayos.

Se argumenta que el sistema legal e institucional paraguayo para la insolvencia de las personas físicas y las personas jurídicas de carácter privado no funciona de manera eficiente, el procedimiento es lento y poco predecible. La nueva ley en el caso de ser aprobada derogará por completo la actual ley de quiebras vigente desde el año 1969.

Especialistas en el área sostienen que el proyecto contiene artículos que afectarán a los deudores comerciantes que se verán obligados a declarar su insolvencia o pedir su quiebra con apenas dos incumplimientos en el pago de sus obligaciones.

El articulo 9 del proyecto establece: “Todo deudor comerciante que llegara al estado de insolvencia deberá presentarse dentro del plazo de noventa días ante el juzgado competente pidiendo la convocación de sus acreedores o su quiebra o la apertura de un procedimiento de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización. El plazo se computará a partir de la fecha del segundo incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza o carácter.”

El mismo articulo establece como sanción para los directores o gerentes de las empresas indemnizar a los acreedores por el daño causado por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

Otro aspecto cuestionable y que llama la atención: ¿Por qué los sectores afectados no fueron consultados? Por qué no se generan espacios de debate o de socialización antes de cambiar una legislación que afecta a tantas personas y empresas?

Finalmente, en un contexto de desaceleración económica como el que soportamos actualmente ¿es oportuno establecer nuevas reglas que obliguen al comerciante endeudado a declarar su insolvencia o su quiebra?

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.