La semana pasada se detectó una gran mortandad de peces en el río Confuso, específicamente en un tramo que se encuentra en la ciudad de Villa Hayes cruzando por la Ruta Transchaco.

Innumerables especímenes muertos podían observarse en el paisaje, esto sumado al fétido olor que despedían debido a su avanzado estado de descomposición.

Ante este hecho, la Secretaría del Ambiente (SEAM) decidió conformar un equipo de trabajo integrado por fiscalizadores, técnicos en Recursos Hídricos y de la Dirección General de Biodiversidad, quienes se trasladaron hasta el lugar para realizar los monitoreos pertinentes y así determinar las causas de la mortandad.

Técnicos y autoridades de la SEAM realizaron la toma de muestras de agua para la medición de parámetros tales como los niveles de potencial de hidrógeno (pH), temperatura, conductividad OD (oxígeno disuelto) y TDS (total de sólido disuelto). Los resultados finales estarían disponibles en los próximos días.

No se descarta que esta situación se pudo haber producido a raíz de una contaminación en el cauce hídrico debido a la presencia de algún producto químico arrojado a las aguas, produciendo así la muerte de los peces.

En tal sentido, el equipo de la Secretaría del Ambiente realizó un recorrido por la zona de influencia del río Confuso a fin de efectuar las verificaciones pertinentes en las fábricas e industrias que operan en los alrededores a fin de determinar su grado de responsabilidad en el hecho.

El ministro de la SEAM, Rolando De Barros Barreto, manifestó que si las muestras recolectadas confirman que las aguas fueron contaminadas por las industrias que funcionan en la zona, estas se exponen a fuertes sanciones por los daños causados. “Desde la SEAM vamos a brindar todos los datos necesarios para remitir a la Fiscalía del Medio Ambiente con el propósito de procesar e imputar a los responsables de esta situación”, indicó.

Un equipo de Telefuturo realizó un recorrido en la zona afectada por la muerte de peces y confirmó la presencia de una curtiembre (FABE S.A.). Al hacer una verificación en el interior de la misma, se pudo constatar que allí son utilizados químicos muy potentes como sulfuro de sodio, cal, aminas, ácido sulfúrico y sulfato de cromo.

Los responsables del lugar mostraron ante las cámaras las piletas de tratamiento en donde se procesan los residuos antes de ser arrojados al río Confuso. Durante la nota, aseguraron que no son los responsables de la mortandad de peces y presentaron las documentaciones que avalan la habilitación por parte de la SEAM.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.