De USD 22.60 Kw/mes a USD 20.75 en el 2022 y de 20.75 a USD 16,71 Kw/mes en el 2023, en las puertas de la revisión del Anexo C, son las últimas modificaciones de la tarifa de Itaipú.

En el primer caso, Paraguay tuvo una postura tibia y no supo encontrar los argumentos ni presentarlos para mantener la tarifa en 22.60. Paralelamente, el vecino mostró una posición mucho más contundente, reduciendo unilateralmente la tarifa para su mercado a USD 18.90, hasta que en agosto se llegó a la “posición intermedia” de 20.75, denominada así, por encontrarse en el medio de las propuestas de ambos países.

Para el 2023, ni siquiera se conoce qué fue lo que defendió Paraguay, más allá de algunas declaraciones del presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien decía que se buscaría la tarifa más competitiva, que permitiera financiar las inversiones en infraestructura eléctrica, que forman parte del plan maestro de la institución.

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Sin embargo, ayer se dio a conocer que, la nueva tarifa es de USD 16,71 Kw/mes y que vuelve a llevar el rótulo de intermedia. Como enfoque institucionalista, alegan que cada país recibirá más de 400 millones de dólares para obras y programas de alto impacto.

Lo que no mencionan es lo que Paraguay dejará de recibir. Unos 290 millones de dólares adicionales que hubieran significado mantener la tarifa. Además, la posibilidad de pretender un precio más justo por la cesión de energía.

Así lo analiza el experto en materia energética, Victorio Oxilia, quien indica que, lo malo no es que baje la tarifa, sino una nueva pérdida de oportunidad para exigir lo que nos corresponde.

Este es el escenario que se deja al próximo Gobierno, de cara a la revisión del Anexo C, prevista a partir del 13 de agosto, pero que, por ende, quedará  en manos del nuevo presidente. El Anexo C sienta las bases financieras de la entidad y aquí, Paraguay podría negociar la venta de su energía excedente a otros mercados y el mejoramiento de lo que recibe de Brasil por cesión de energía, entre otros ítems.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.