​“Acá hay (por el norte) gente trabajadora, honesta, que se merece un futuro mejor. Vamos a aplicar la doctrina, todo lo que se estable en operaciones para devolver la tranquilidad a la gente”, expresó el quinto comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta José Alvarenga, designado en reemplazo del general de brigada Martín Cáceres.

El presidente Horacio Cartes dispuso el cambio a casi una semana del secuestro de Franz Wiebe, un adolescente de 17 años, por cuyo rescate se pide la suma de 700.000 dólares. El plagio fue cometido por los cabecillas del EPP, quien mantiene privados de libertad a Edelio Morínigo y Abraham Fehr.

Consultado sobre presuntos malos manejos de fondos asignados a la FTC, el general declaró que dicha afirmación es temeraria y que “no se puede malgastar algo que no hay”. Respecto a los vehículos de la FTC que están descompuestos dijo que es una situación normal, atendiendo el mal estado de los caminos en el norte. Igualmente rechazó la falta de combustible y de otros elementos necesarios para la lucha.

Alvarenga también desmintió la reducción de personal en la zona. “No se hizo reducción de personal sino optimización de personal, no es reducir por reducir, sacar personal por sacar, se hace una estructuración del personal que ocupa el área en base a doctrina”, indicó el militar a la 730 AM.

Otro punto abordado por el uniformado fue el supuesto roce entre militares y policías, que generaría un boicot en las operaciones. “Soy convencido de que cada uno por su lado, no va a lograr nada. Acá el trabajo tiene que ser coordinado, en conjunto, todos tenemos que poner de nuestra parte para tener resultados, es una causa nacional, hay que demostrar patriotismo para ver resultados”, agregó.

Alvarenga también refirió que la prioridad es rescatar a los tres secuestrados con vida. “Es lo más importante”, enfatizó. Por otra parte, reconoció que los guerrilleros pueden moverse con mucha tranquilidad en el norte porque cuentan con apoyo familiar.

“Primero la zona es muy extensa y segundo hay soporte familiar, tienen ventaja que pueden moverse con apoyo de su familia. El apoyo logístico es muy importante”, significó el jefe militar.

OCHO SECUESTRADOS EN LA ERA CARTES

Arlan Fick (2 de abril 2014, liberado el 25 de diciembre del mismo año)

Hernán Silva (25 de junio del 2014, peón secuestrado y asesinado)

Edelio Morínigo (5 de julio del 2014 hasta hoy)

Matrimonio alemán Robert Natto y Ericka Natto (28 de enero 2015, secuestrados y ejecutados)

Abraham Fehr (secuestrado el 8 de agosto del 2014 hasta hoy)

Silvano Pérez (capturado el 8 de agosto pero liberado el mismo día)

Franz Wiebe (segundo menor en manos del EPP, secuestrado la semana pasada)

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.