Mongabay Latam se trasladó hasta el lugar y confirmó que al menos cuatro parcelas, de 100 hectáreas cada una, fueron desmontadas recientemente para la ganadería dentro de la zona de amortiguamiento: la franja boscosa que rodea al núcleo del parque y que forma parte del mismo.

Silvino González, su eterno guardaparques, responde con una frase de cabecera que lo resume todo: “Hoy —el parque— se está convirtiendo en una isla rodeada de desmonte”.

Luis Recalde, ingeniero agrónomo, explica que la zona de amortiguamiento, o de influencia, es muy importante para resguardar el núcleo boscoso de una reserva, ya que actúa como un escudo. “Su motivo principal sería conectar el parque con otras reservas aledañas y reducir el efecto isla, que es cuando la fauna y la flora del parque queda aislada”. Así, Las zonas de amortiguamiento actúan como corredores biológicos que proporcionan conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat permitiendo asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos ecológicos y evolutivos.

Según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 1 057 888 hectáreas fueron deforestadas entre enero 2014 y enero 2018 en la región occidental del país. De ese total, 959 559 hectáreas, más del 90 %, corresponden a Alto Paraguay y Boquerón, los dos departamentos que albergan al parque. Prácticamente toda esa área se destinó a la producción ganadera, que es la principal actividad de la región occidental del país.

El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (SENACSA) registra en esta región un total de 8210 establecimientos ganaderos habilitados, cuya población bovina (vacas, toros, bueyes) es de 6 134 695 ejemplares. Según datos de la institución, esta cantidad representa el 44 % del ganado que hay en todo el país.

Paraguay se ubica entre los 10 mayores exportadores de carne del mundo gracias a la calidad del producto, que sale, en gran parte, de la cría de ganado del Chaco. Estos animales, trasladados en camiones hasta mataderos autorizados, son la materia prima de un negocio que el año pasado movió 2500 millones de dólares.

Silvino González es guardaparque hace más de 40 años del PNDCH. Fue el primero en ocupar este cargo cuando se inauguró en 1975. Desde entonces, recorre los senderos, conoce cada picada —los caminos abiertos en medio del bosque, que los soldados paraguayos utilizaban en la Guerra del Chaco con Bolivia— y a cada estanciero de los alrededores.

Con tantos años trabajando en un mismo lugar, González es un enamorado de su función. Dice que, si bien gran parte de los ganaderos cumple con la normativa de mantener un porcentaje de bosques, la situación le resulta preocupante, ya que en cualquier momento estas estancias pueden tener tener nuevos dueños que no tengan la intención de mantener las reservas boscosas.

La zona del Parque Nacional es considerada por especialistas ambientales como una de las más ricas en biodiversidad. Adentro está ubicado el cerro León, un territorio de formaciones montañosas que se eleva unos 630 metros. Estudios revelados en 2017 indican que debajo tiene una mina de diamantes y piedra preciosas. La fauna del parque está compuesta por animales increíbles, como el tapir amazónico, los jaguaretés (jaguar), el gran lagarto, pumas, guacamayos, etc. Además, todo el Chaco paraguayo es dueño de maderas muy preciadas, como el trébol o el palo santo. Esta última es muy buscada para el tráfico ilegal hacia diferentes regiones del mundo.

Según el MADES, el promedio de tierras deforestadas en los últimos cuatro años en el Chaco llega a las 264 mil hectáreas por año.

La ley forestal 422 de 1973 y el posterior decreto 18 831 de 1986 establecen mantener el 25 % de la masa boscosa de cada establecimiento ganadero del país. Además, la ley 4.241 del 2010 y su decreto reglamentario —del 2012— obliga a mantener hasta 50 % de bosque en caso de que el establecimiento esté dentro de la zona de influencia del parque.

Las nuevas áreas deforestadas, alertadas por GFW, repiten una constante. El Parque Defensores está hoy rodeado de estancias ganaderas que lo han ido aislando cada vez más “poniendo en riesgo los corredores biológicos”, dice el ingeniero Luis Recalde.

Sin licencia ambiental

Uno de los establecimientos ganaderos que está en la zona de amortiguamiento del Parque Defensores, pertenece al conocido empresario brasileño, Benjamín Pivetta. Para el Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (SENACSA), Pivetta “es un ganadero ejemplar que trabaja de forma ordenada”, según afirma uno de los funcionarios de la institución que trabaja en los campos del Chaco. Sin embargo, Mongabay Latam comprobó que los predios del empresario no tienen licencia ambiental para operar.

Según el registro oficial del Ministerio del Ambiente, el ganadero brasileño tiene al menos 40 000 hectáreas y, gran parte de las que están dentro de la zona de amortiguamiento del parque, no tienen licencia ambiental habilitada.

En el MADES, la última licencia del empresario es del 2011. Posterior a ese año, el ganadero no tuvo otra habilitación ambiental para seguir con su producción ganadera. La ley 294 de 1993 obliga a que las estancias ganaderas, sobre todo aquellas que están dentro de la zona de influencia del Parque, tengan un permiso ambiental que les permita trabajar en un plan de uso de suelo. Dicha obligación rige para todos los predios, incluso para aquellos habilitados antes de 1993, ya que mediante ese plan se puede controlar si las normativas establecidas están siendo cumplidas.

La propiedad de Pivetta está al norte del parque hacia la zona conocida como Agua Dulce. Mongabay Latam recorrió gran parte del área y comprobó que las grandes parcelas se mantienen activas. Sin embargo, ninguna denuncia está registrada ni es fiscalía, ni en el MADES. Por otro lado, Mongabay Latam se comunicó con el empresario quien, a través de un empleado, se comprometió a tramitar los permisos necesarios.

La desidia estatal

La sede administrativa del Parque Nacional está ubicada en el acceso principal. Cuenta con apenas dos sillas y tres pabellones, de los cuales, dos funcionan a medias. Uno de ellos, está habilitado con un par de habitaciones en donde hay colchones para las visitas. En el otro, que tiene el único baño con agua, viven los guardaparques. Tener una computadora parece un sueño lejano para estos trabajadores, a pesar de que la zona cuenta con buena señal de internet, gracias a que una operadora instaló antenas en las inmediaciones. Para hacer el recorrido por el perímetro del parque, hay dos camionetas y una motocicleta a disposición.

Como no tienen energía eléctrica, los guardaparques hacen funcionar el generador eléctrico del local cuando se oculta el sol, pero solamente hasta la medianoche, para no gastar mucho combustible. El presupuesto que tiene el MADES alcanza para pagar sueldos y proveer un lugar donde dormir a tan solo tres guardaparques.

Miles de estrellas dibujan el cielo durante la noche. Al amanecer, antes de que empiece a castigar el sol, se puede ver rastros de pisadas de mboreví (Tapir), taguá o incluso algún jaguareté curioso que estuvo merodeando el patio. Según Jorge Sosa, uno de los guardaparques, los jaguaretés suelen salir de la zona boscosa en época de mucha sequía o en la madrugada cuando los mosquitos se vuelven insoportables.

“Yo estoy hace un año y ya me tocó encontrarme con un jaguareté y otros animales, acá hay de todo, este lugar es muy lindo, pero hay que saber aguantar”, dice Sosa, que tiene 23 años y hace dos que trabaja como guardaparque en este lugar.

De día, el patio del local de la sede administrativa es un concierto constante de pájaros, entre ellos las cotorra que se mueven en bandadas por todo el lugar. Más al fondo del parque, todavía se puede ver guacamayos azules, amarillos y muchos tucanes.

“Se necesitan al menos 120 guardaparques para tratar de controlar nuestros parques y reservas nacionales. Ahora tenemos 64. A los contratados solo podemos pagarles el sueldo mínimo (US$ 365), pero los que ya son permanentes tienen un salario más importante”, expone Carmelo Rodríguez, director de Parques Nacionales del Ministerio del Ambiente.

Esta institución, que es la encargada de atender todas las denuncias ambientales a nivel nacional, tiene apenas 12 fiscalizadores en todo el país para cumplir esa función.

Rodríguez dice que están trabajando en un plan para reestructurar la institución y ver cómo administrar mejor los recursos financieros y humanos. El presupuesto anual del MADES es de unos 12,8 millones de dólares. Lo que se pretende es aumentar ese monto para mejorar el salario de guardaparques, los sistemas de control y contratar más fiscalizadores.

Por otro lado, Paraguay no tiene catastro rural, por lo que no hay forma de determinar si las estancias cumplen con el porcentaje de bosque que la ley les obliga a preservar.

“El catastro rural implica que el control se haga con topógrafos en campo, además de la cuestión satelital y de los procesos normales que se hacen para controlar una propiedad y sobre todo determinar cuál es el plan de manejo que tiene cada una de estas propiedades, saber si cumplen”, explica Gustavo Casco Verna, jefe del Departamento de Análisis y Evaluación Ambiental del MADES.

La transformación del Chaco

Entre los años 80 y 90, el Chaco Paraguayo era inaccesible. No había caminos y eran pocos los estancieros que se animaban a ingresar. Apenas los amantes del Transchaco Rally iban una vez al año, por lo que el lugar se volvió un escondite perfecto para narcotraficantes, traficantes de armas y de pieles de animales.

De hecho, los grandes líderes de los carteles de la droga de Brasil de los 90 tenían sus estancias en la zona alta del Chaco paraguayo, en el departamento de Alto Paraguay. Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, conocido como “el embajador de la droga” paraguaya en Brasil, fue uno de los que tenían su estancia por estos lugares en esos tiempos. A él se sumaron después Fernandinho Beira Mar, nada menos que el líder de uno de los carteles más grandes y peligrosos de Brasil, el Comando Vermelho. El mismo Jarvis Chimenes Pavao, conocido capo mafioso de la frontera con Brasil, extraditado a ese país, también era dueño de otro inmueble en la zona.

Estos narcos utilizaban sus estancias como pistas de aterrizaje para transportar la marihuana —producto estrella de los 90— así como para una actividad que, tras ser descubierta, fue un escándalo hasta hoy recordado: el tráfico de armas, desde las propias fuerzas armadas bolivianas, hasta los grupos delictivos de Río de Janeiro. Las armas salían de Bolivia, por la frontera con Paraguay, y atravesaban el Chaco para llegar hasta las favelas de Río de Janeiro.

Esta realidad cambió en el Chaco. A finales de los 90, los ganaderos que ya tenían tierras en la región oriental empezaron a ver al Alto Paraguay como una zona que podía ser rentable. De a poco, las estancias fueron adquiridas por familias con tradición ganadera y se fue creando una zona productiva importante. En el 2005, el gobierno publicó un decreto que prohibió a cualquier extranjero ser dueño de tierras a menos de 50 kilómetros de las fronteras paraguayas.

La medida incitó a que los propietarios brasileños vendieran sus tierras en la zona fronteriza, acelerándose así el proceso de hacer del Chaco una tierra dedicada casi enteramente a la ganadería.

Si bien todavía hay estancias vinculadas al narcotráfico —vale recordar que en el 2014 se descubrió un laboratorio de cocaína en un distrito conocido como Toro Pochy, a unos seis kilómetros de la frontera con Bolivia— lo cierto es que hoy, gran parte de estas estancias volvieron a ser un lugar de trabajo de campo.

Ganadería sostenible

La Asociación de Productores Agua Dulce (APAD) reúne a 34 productores de los 122 que trabajan en el distrito de Agua Dulce, en la zona de amortiguamiento y alrededores del PNDCH.

Celso Muxfeldt es ingeniero agrónomo, actual presidente de la APAD y es muy claro sobre las ideas que tiene la organización sobre el cuidado de los bosques y principalmente del Parque Defensores. “Nosotros somos los primeros interesados en que se cuide el Parque Nacional, porque se trata de un patrimonio para el país y para la humanidad”, expone.

Muxfeldt asegura que se puede trabajar respetando las leyes ambientales actuales. “En la APAD todos los miembros mantenemos el 50 % —de bosque— que pide la Ley en nuestros establecimientos. Entendemos que el valor de esta tierra está en su flora, fauna y la forma correcta de trabajarla” dice.

La APAD empezó a funcionar formalmente desde 2017, pero ya antes hacían reuniones. La idea de la Asociación es llevar el mensaje de trabajar en una ganadería sostenible, respetando los bosques nativos e incentivando la reforestación y promoviendo el cuidado del Parque. En ese sentido, la APAD paga el sueldo de uno de los guardaparques del Defensores que opera en el puesto de control del punto de Agua Dulce. El local, justamente, fue reinaugurado gracias a un convenio con el MANES y la APAD en noviembre pasado.

El gremio forma parte de otros proyectos chaqueños, como el Plan Ara Chaco, que se encarga del cuidado de las rutas del Alto Chaco. Es miembro de la Comisión Proelectrificación del Chaco, un proyecto que para finales de 2019 tendrá a la zona de Agua Dulce con energía eléctrica.

“Siempre que se habla de deforestación se nos mete a todos en la misma bolsa. Nosotros demostramos que desde la Asociación hacemos un trabajo diferente”, asegura Muxfeld. Añade que en la actualidad, con todos los miembros de la APAD, se tiene asegurado que unas 175 mil hectáreas de bosques se mantendrán intactas en la zona de influencia del parque.

“Nuestra proyección entre los miembros de la Asociación es llegar de aquí a 10 años a un millón de hectáreas, de las cuales 500 mil quedarán protegidas”, enfatiza Muxfeld.

Necesidad de voluntad política y jueces especializados

Lucy Aquino, directora del Fondo Mundial Para la Naturaleza WWF Paraguay, dice que “urge tener desde el gobierno una voluntad política real en hacer bien las cosas”.

Sobre la situación particular del Chaco, Aquino asegura que “es preocupante”. Señala que la iniciativa de corregir este tema “tiene que ser promovida desde el propio Estado paraguayo”, y apunta a que uno de los principales problemas es la inexistencia de una base de datos fidedigna que compartan todas las instituciones del Estado que trabajan en el sector.

“Lo que uno ve en las imágenes satelitales es mucha deforestación. Pero no se puede determinar cuál es legal o no, o inclusive quién es el verdadero dueño”, expone.

El Fiscal adjunto de la Unidad especializada de lucha contra delitos ambientales, Augusto Zayas, coincide con Aquino en que falta una unificación de criterios de trabajo y de datos, y agrega que “los jueces hacen malas interpretaciones de las leyes ambientales”.

En este sentido, Zayas dice que es necesario tener jueces capacitados en el área ambiental, algo de lo que, actualmente, el sistema judicial carece. Según Zayas, la falta de criterio especializado hace que muchas veces las decisiones del Poder Judicial no tengan un sentido de “justicia” en el ámbito del medio ambiente.

Como muestra de la impunidad, 12 000 hectáreas se deforestan al año, según la propia MADES, en la región oriental del Paraguay en donde existe una ley de deforestación Cero, implementada en 2005. De acuerdo a esta ley, la deforestación ilegal es penada hasta con ocho años de cárcel. Sin embargo, hasta el año pasado, nadie vio pasar un día tras las rejas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.