Un grupo de periodistas de La Nación se manifestó el martes, coincidiendo con el Día del Periodista Paraguayo, frente al edificio del rotativo, para denunciar que la publicación de la serie había sido interrumpida por la dirección del diario debido a “presiones”.

Algunos periodistas declararon que fue el Nuncio Apostólico, Eliseo Ariotti, quien llamó personalmente a Sarah Cartes para interrumpir “Iglesia Oscura”, el trabajo de investigación elaborado por La Nación sobre curas acusados por abusos sexuales.

Sin embargo, el comunicado de la Nunciatura niega que Ariotti haya pedido “a la dirección del periódico y a la propietaria de La Nación parar con las publicaciones referentes a abusos por parte de unos eclesiásticos”.

“Esta Nunciatura rechaza categóricamente cualquier acusación de censura y de parar las investigaciones concernientes a abusos por parte de eclesiásticos”, dice el comunicado.

Sin embargo, la Nunciatura reconoce que Ariotti se entrevistó con la dirección del diario para solicitar una rectificación sobre una de las informaciones de la serie: la referente al sacerdote argentino Carlos Ibáñez, que en 1992 fue suspendido de sus funciones por delitos de abusos a menores en su país.

Ibáñez se trasladó a Paraguay, donde ofició misas, bautismos y matrimonios en Paraguay valiéndose de una identidad eclesial falsa, según reconoció la pasada semana la Conferencia Episcopal paraguaya.

De acuerdo con el comunicado de la Nunciatura, la serie de La Nación afirmaba que Ariotti disponía desde hace un año de la documentación sobre los antecedentes y las actividades de Ibáñez.

Pero según el comunicado, el Nuncio no tuvo ese informe hasta poco antes de las pasadas Navidades, dato que luego fue rectificado por el rotativo.

Ariotti dijo a una radio local que esa información errónea le causaba un daño moral al hacerle “pasar como uno que protege los abusos”.

En ese sentido, el presidente del Grupo Nación Comunicaciones, José María Agüero, declaró a Efe que el diario pidió disculpas públicas por haber publicado esos datos.

Sin embargo, Agüero rechazó que el diario haya ejercido la censura sobre su equipo de investigación y su trabajo.

“Nosotros no lo llamamos censura porque se publicó una información que antes nadie en Paraguay se había animado a publicar (..) Se les dieron todos los recursos y libertad al equipo de investigación”, señaló Agüero.

Añadió que la interrupción de la serie se debió a una decisión de toda la dirección y que fue solo “en papel”, ya que el martes se publicó en formato audiovisual, según recordó. “Estamos evaluando cómo continuar (la serie)”, dijo Agüero.

Por su parte, Aldo Benítez, uno de los periodistas responsables de “Iglesia Oscura”, explicó a través de las redes sociales que el equipo de investigación fue informado el lunes por los dueños del diario de que esas publicaciones “ya no se podían seguir haciendo”.

Añadió que esa decisión se debió a una “presión que, ante la evidencia de los hechos, diría que viene de poderosos grupos mafiosos que pretenden seguir trabajando en la oscuridad absoluta y el silencio de los medios, que es lo que les conviene”.

“Gracias a La Nación por darme la oportunidad de trabajar en algo realmente complejo y dejar que lo publiquemos, aunque después no supieron aguantar la presión”, escribió Benítez en su cuenta de Facebook.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.