En un mensaje difundido al término de su 235 asamblea, presidida por el cardenal Adalberto Martínez, los obispos se refirieron a la educación, a las tierras y a las elecciones nacionales, entre otros temas.

Los obispos señalaron que la situación de la tierra y los territorios de los pueblos indígenas y asentamientos campesinos les “duele e indigna”.

“No es posible continuar permitiendo la acumulación de tantas extensiones de tierras en manos de unos pocos y despojar a una gran mayoría de la posibilidad de soñar y desarrollar una vida digna sobre tierras aseguradas legalmente”, advierten.

A juicio del Episcopado, el país no puede “seguir asistiendo a los continuos desalojos de las comunidades indígenas”, como el que sufrió la población indígena de “15 de enero” en el departamento de Caaguazú.

En concreto, criticaron “la rapidez con la que se desplazan y la violencia con la que actúan las instituciones del Estado para dichos desalojos”.

“¿Por qué algunos consiguen que el aparato estatal esté siempre a su servicio atropellando vidas ajenas y de inocentes y otros tantos nunca son escuchados en sus reclamos urgentes pidiendo justicia”, subrayaron.

Los obispos pidieron al Estado tomar “una postura firme y coherente con los pueblos indígenas”, que consideraron tiene el derecho y la exigencia “de ser atendidos prioritariamente en su dignidad”.

También se refirieron a las elecciones generales de abril próximo y las internas partidarias de diciembre al apelar “al ejercicio libre y responsable del derecho y el deber del voto” y a un debate “sano y constructivo sobre el futuro” del país.

“Ahora es el momento de elegir a personas idóneas, con trayectorias probadas de honestidad y servicio a la comunidad y al país. También es la hora de tener un juicio crítico sobre las lluvias de promesas y sobre los negocios turbios que suelen plagar nuestras elecciones”, agregaron los obispos, que además pidieron orar por las personas secuestradas y desaparecidas.

Con respecto al Plan Nacional de Transformación Educativa, pidieron la aplicación de los “valores irrenunciables” de la Constitución, entre ellos “la familia, la vida y la dignidad de toda persona”. EFE

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.