La mayoría de mujeres y hombres con nuevos diagnósticos están en edad reproductiva, por lo cual tienen el derecho de decidir ejercer o no la maternidad/paternidad y que ese derecho sea garantizado por el Estado.

Dentro de muchos de los hospitales de la región existe los test y consejería para mujeres embarazadas además de una planificación del parto por cesárea antes de las 37 semanas, pero a la vez hay una carencia de profesionales de infectología infantil.

Otro aspecto a tener en cuenta es que a pesar de las atenciones y esfuerzos por eliminar la transmisión vertical en el 2022 se tuvo 7 casos. No podemos olvidar que, dentro del derecho a ejercer la maternidad, las mujeres seropositivas se topan con el estigma y la discriminación que sigue vigente dentro de la sociedad y en los mismos puestos de salud, por lo cual algunas mujeres seropositivas son desaprobadas por el personal médico en el momento de decidir gestar.

Victoria Peralta, integrante del Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola, afirmó que la violencia obstétrica también es todo trato humillante, degradante, ofensivo y deshumanizante que vive la mujer en las etapas relacionadas con el embarazo ya se parto, puerperio y en forma cotidiana en los servicios de salud.

Además, de lo ya establecido en la ley 5777/16 de la conducta ejercida por el personal de salud o las parteras empíricas sobre el cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante su embarazo, y las etapas relacionadas con la gestación y el parto. Es al mismo tiempo un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de las mujeres.

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La violencia y estigma que da dentro del proceso de gestación y parto pone en riesgo la salud mental de las mujeres ya que muchas se enteran de su estado serológico estando embarazadas, un estudio realizado en Argentina indica que la imposibilidad de alcanzar el ideal de maternidad socialmente impuesto conduce a las mujeres a procesos de duelo que no encuentran espacio para ser elaborados, profundizando su sentimiento de culpa.

Además habla de la importancia de las trabajadoras o asistente sociales, en Paraguay contamos con las vinculadoras de las organizaciones sociales, una de estas organizaciones es OPUMI (Organización por un mismo ideal) que presta su servicio en varios hospitales y SAIS, el mismo personal de salud habla de importancia de ellas y su rol en el proceso de las mujeres que conocen su diagnóstico y en el momento del embarazo.

Cabe destacar que hay mucho trabajo por hacer desde la prevención, en los espacios denominados ÑANGAREKO (espacio de atención diferenciada para adolescentes de 10 a 19 años que funciona en algunos centros de salud) el personal habla de la detección tardía, muchas niñas y adolescentes llegan a las consultas con embarazos y enfermedades de transmisión sexual, además de contar con poca o nula información de una educación integral de la sexualidad.

Las políticas públicas y leyes establecidas deben cumplirse desde una perspectiva de derechos orientada a la protección de una maternidad respetada desde la gestación, el parto y post parto proveyendo medios integrales de las intervenciones tanto en la salud como en la mitigación del estigma y la discriminación.

Para lograr esto es trascendental romper con la noción individualista de la adherencia y contar con redes integrales de apoyo que puedan cubrir las necesidades físicas, sociales y psicológicas de las mujeres viéndolas más allá del rol de la maternidad (concebido desde estereotipos ideales que generan una carga psicológica extra) y de su estado serológico.

Se insta a denunciar estas violaciones a los derechos humanos hacia las personas que viven con VIH, y para ello el Centro de Consejería y Denuncias de VIH/Sida y Derechos Humanos cuenta con medios habilitados para el efecto: la línea de WhatsApp que es el 0985 649 119 o la línea gratuita habilitada desde Tigo *3535.

Al mismo tiempo, se atiende de forma confidencial en el local ubicado en México 732 casi Herrera. La ONG también cuenta con todas las redes sociales y la página web: www.denuncias-vih.org.py. El servicio es gratuito y confidencial.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.