Por Resolución N° 1399/2020, la Direc­ción Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispone sanciones a las empresas o consorcios que no presentan su oferta física en el día, hora y lugar indicados en el SICP (Sis­tema de Información de las Contrataciones Públi­cas). En su artículo 59, esta norma establece de manera clara que la falta de presen­tación de la garantía de man­tenimiento de ofertas es una agravante al momento de que la DNCP aplique la san­ción, lo cual significa que la inhabilitación para ofertar y/o contratar con el Estado podría ser mayor.

Lógicamente, esta sanción corre en el momento que la entidad convocante ges­tione la intimación del cobro de multa ante el incumpli­miento del oferente, ya que el mantenimiento de la pro­puesta es clave para que la licitación sea competitiva, tanto en precios como en calidad. En la Secretaría Nacional de Deportes (SND) ocurrió este atraso en el lla­mado para hotelería por un monto de G. 47.282 millo­nes, pero en vez de caerle con el peso de las normas al oferente, en este caso Con­sorcio Mar, se desentendie­ron del asunto y, para colmo, repiten el llamado en el que, según denuncias, existe de vuelta una fuerte intención de ayudar a la sociedad en la que se encuentra el her­mano de Juan Manuel Bru­netti, dupla de Hugo Veláz­quez para las presidenciales del 2023.

En el primer intento, el Consorcio Mar, integrado por Martín Travel y Maral Turismo SA, de José Carlos Brunetti y Ofelia Marcos de Brunetti, hermano y madre de Juan Manuel Brunetti, dupla de Hugo Velázquez para las presidenciales del 2023, participó de la lici­tación y era susceptible de ser adjudicado por haber participado en los cinco lotes. Sin embargo, llegó tarde a la presentación de sus ofertas, por lo que la SND no pudo adjudicarle los ítems. Otro elemento es que esta compañía remarcó precios muy por encima de lo estimado.

La administración de Fátima Morales finalmente declaró desierta la licita­ción, lo que hace presumir que la determinación de suspender el llamado fue para reajustar la licita­ción de modo que el único adjudicado sea el Consor­cio Mar. Además de esto, la omisión de la multa y san­ción privó al Estado para­guayo de la ejecución de una multa equivalente al 5% del contrato, es decir, unos G. 2.300 millones.

Ahora como si nada repi­ten este llamado y entre los potenciales adjudicatarios está de vuelta el consorcio favorito.

Mediante un comunicado en el que básicamente se dedica a historiar el proceso de licitación, la Secretaría Nacional de Deportes (SND) señala que se superó el presupuesto y por eso declaró desierta la licitación de hotelería para los Juegos Odesur. En su descargo, remitió lo siguiente:

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.