A Liz Lugo ni el cáncer de mama con metástasis ganglionar, óseo y cerebral, ni la larga lucha por la entrega de medicamentos por parte del IPS para tratarse adecuadamente, ni la pandemia y la suspensión laboral le hacen decaer. Ella seguirá luchando porque quiere vivir y el motivo principal es su familia, afirmó.

Dos años después de aguardar que el IPS cumpla con la provisión de un costoso medicamento, resuelta por la Corte Suprema de Justicia derivó en un cambio de protocolo con medicamentos más accesibles.

Cada 28 días reunir G.15 millones para la compra del medicamento Lapatinib se volvió cada vez más complicado y significaba suspender el tratamiento por días o semanas lo que no era bueno para la salud de Liz.

“Mis marcadores comenzaron a subir y me cambiaron el protocolo desde noviembre del año pasado y hoy IPS me provee Pertuzumab y Trastuzumab y compro el tercer medicamento que es el Fulvestrant que no está en el listado básico y que tiene un costo de 2 millones de guaraníes y tengo que aplicarme cada mes”, explicó la paciente.

Si bien el fármaco tiene un costo mucho menor que el anterior, Liz se ve afectada por la pandemia desde marzo ya que fue suspendida en su trabajo por lo que sus ingresos no son los mismos que antes y cada mes cumple con su tratamiento con ayuda de personas cercanas.

Un poco de estabilidad

“Estamos luchando hace siete años contra el cáncer de mama y es sin parar porque nunca tuve la opción de estar tranquila porque siempre estoy en tratamiento desde la detección y mi diagnóstico no es cualquier cosa, es muy difícil sobrellevar, se puede, es cuestión de luchar con fe y fuerza para encarar cada día porque los dolores de huesos son muy fuertes. Yo le entrego todo a Dios y procuro levantarme para seguir viviendo por mí, mi familia, mis hijas, mi nieto y mi nieta que está en camino. Tengo muchos motivos para vivir”, afirmó.

Hoy sus marcadores están estables con su tratamiento que no sufrió retrasos hasta el momento.

“Cada tratamiento que no puedo concretar por la falta de tratamiento son años de vida que me quitan. El Lapatinib me venía bien y toleraba sin molestias y ahora que estoy con el Fulvestrant también tolero pero cuando no te dan la oportunidad de seguir en forma son años de vida que te quitan porque los enfermos oncológicos no sabemos cuánto vamos a vivir”, reflexionó.

Liz lamentó que siendo aportante por 14 años en IPS no pudo acceder a un medicamento por la falta de actualización del vademécum sobre todo, los nuevos fármacos que son especiales para tratar los casos de metástasis.

“Considero poco siete años de lucha, espero que puedan ser 15 o 20 porque mi idea es vivir por más tiempo porque si bien sé que no me voy a curar quiero cronificar mi enfermedad pero para eso necesito que el IPS tenga los medicamentos actuales para todos”, señaló.

Finalmente, la paciente pidió a las autoridades de la previsional que mejore la gestión administrativa para no privar a ningún paciente de los medicamentos que son costosos y que no están al alcance de cualquier familia.

“Nuestra enfermedad es mortal”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.