“Se violó el derecho a la defensa, se pisó el derecho del imputado, se escondieron pruebas y la Fiscalía no obró con objetividad”.

Así dijo el abogado Oscar Tuma a Radio Universo. El profesional del derecho, desde una posición de espectador opina que el imputado en el caso de la muerte de Rodrigo Quintana purga una pena sin haberse cumplido a cabalidad el debido proceso.

“Hubo un homicidio y no se niega pero la Fiscalía debe saber quién cometió eso. No es condenar nomás a cualquiera con tal de condenar. Esa es la mentalidad de los fiscales que hay que cambiar porque no hay garantías así”, opinó.

Para Tuma, la posible adulteración de un escenario de crimen es demasiado grave y las personas que aparecen en el video deben ser convocadas a declarar e inmersas en el proceso.

“Estaban dos muchachos y una chica, no sé si el primero plantó un elemento que no sé si es una casquillo o qué, los peritos determinarán, pero se plantó algo. Luego la chica, ya identificada arrimó el casquillo hacia el vallado de la escena del crimen”, dijo.

Añadió que “eso es un hecho grave que amerita no sólo una investigación sino una imputación”. “La alteración puede causar una nulidad en el proceso, puede variar todo. Son hechos graves, un testimonio falso puede costar hasta 10 años de prisión”, afirmó.

Rodrigo Quintana murió en un confuso episodio el 31 de marzo del 2018 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, luego de que varios policías ingresaran al interior del local.

Los videos que aparecieron en las últimas horas muestran la que sería un montaje del escenario y que involucró a Florentín, único procesado en el caso.

“Hablamos de personas ajenas al proceso que adulteraron, plantaron o modificaron elementos probatorios. Debe ser una investigación paralela”, indicó.

También criticó que la muerte del joven liberal sea usada como bandera para finalidades políticas y en ese aspecto levantó el dedo acusador al caudillo del PLRA Efraín Alegre.

“No se puede usar la vida de un muerto para fines políticos porque la familia pierde doblemente. Suficiente con perder a un hijo”, consideró.

Dijo que “se debe investigar a plenitud y las personas involucradas deben ir a declarar, no salir con que es cuestión política”. “Son disparates, es cosa de mediocres”, añadió en alusión a Alegre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.