La ley Riera-Zavala elevó la pena de invasión de tierras hasta a 10 años de cárcel, convirtiéndose en un crimen la ocupación ilegal de las propiedades de terceros. Consultado sobre si puede aplicarse esta sanción a los dueños de mansiones y yates que están ocupando irregularmente las propiedades del Estado paraguayo en Villa Hayes, el abogado especialista en Derecho Civil, Francisco Segura Riveiro, indicó en entrevista con Hoy Digital que no corresponde aplicar en este caso.

Explicó que la ley mencionada es una modificación de otra normativa para hacer más grave la pena al acto de invasión, el cual se da con un ingreso con violencia o clandestinidad. “En este caso hubo desidia del Estado, porque el ingreso se hizo ante ante la vista de todos, y con eso se eliminó la violencia y clandestinidad”, esgrimió.

El experto refirió también que la ocupación de ese sitio se hizo hace 20 años, y que los actuales ocupantes serían ya tercer o cuarto comprador del inmueble en cuestión, por lo que no se puede hablar de invasores.

Es por ello que consideró que la Ley Riera-Zavala es una normativa de persecución del acto de invadir, y no para la recuperación posesoria de una tierra. A su parecer, lo que corresponde es que el Estado impulse una acción reivindicatoria para recuperar el inmueble.

Respecto a lo que dice el Código Civil, citó que en el artículo 1941 se establece que ante la primera agresión, el propietario puede intervenir y sacar a las personas que son usurpadoras y que no gozan de ningún derecho. En tanto que, el artículo 1936 menciona que si transcurre más de un año y cuando el usurpador no fue molestado por las tierras, se transforma en poseedor, lo cual no significa que es el dueño. En este último caso se requiere de una orden judicial para sacar al invasor mediante una acción reivindicatoria en un juicio ordinario en lo civil.

“El poseedor nunca puede adquirir tierras del Estado, aunque esté mil año en el lugar dominio. Esas tierras van a seguir siendo fiscales. Los que están ahí son poseedores, hayan entrado de buena o mala fe, y la pregunta que surge es cómo el dueño echa a ese poseedor, ahí es donde viene el problema y hay que ir a las acciones ordinarias”, indicó además en entrevista con ABC TV.

“Hasta donde sabemos nunca el Estado intentó recuperar, dentro de un año, desde que empezó la ocupación. Es más, hay algunas de estas personas que son el segundo o tercer poseedor”, agregó.

¿PAGOS POR MEJORAS?

Así también mencionó a radio 1000 AM que tras sacar al ocupante irregular mediante una orden judicial, se podría analizar si a los mismos les corresponde los derechos a las mejoras realizadas en el sitio, ya que siempre se paga por las mejoras útiles en el sitio. “Se paga el mayor valor que los inmuebles hayan adquirido, no el valor de la mejora misma, da lo mismo si el poseedor está de buena o mala fe. Solo los bienes de lujo, como los yates, el muelle y la piscina, no tiene derecho a que se pague, y la ley incluso establece que podría desarmar el muelle y llevárselo”, acotó.

“Hay ciertas inversiones que la ley llama gastos y mejoras que el Estado va a tener que reembolsarlo a los poseedores. Si un juez dice que es una posesión inútil, capaz pueda ordenar que no se pague nada. El derecho civil siempre se basa en el principio de mantener los equilibrios. Que nadie gane o se quede con lo que no le corresponde”, dijo además a la 780 AM.

“Si bien te tienen que devolver la propiedad, porque la propiedad es tuya, el tema es que, si efectivamente se hicieron inversiones y esas inversiones dan mayor valor a la cosa, tampoco, al juicio del derecho civil, que el propietario se quede con esa ganancia sin pagar nada, porque si lo hubiera hecho él, hubiera tenido que pagarla”, puntualizó.

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La vivienda de Wilfrido Cáceres, exsecretario de Óscar Rodríguez, es la casa allanada desde esta madrugada por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

La investigación guarda relación con presuntos hechos punibles ocurridos durante la pandemia, bajo la administración del actual intendente.

Esta misma vivienda fue objeto de denuncias en el año 2020, cuando la Contraloría General de la República detectó irregularidades en las compras hechas bajo el rótulo de Covid-19 y, al mismo tiempo, la institución encontró inconsistencias en las declaraciones juradas de Cáceres.

En aquel entonces, Cáceres ocupaba el cargo de director de finanzas de la Municipalidad de Asunción, pero después estas denuncias y escraches renunció. Posteriormente, obtuvo el cargo de asesor de la Intendencia.

El presidente del ente eléctrico señaló al programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN, que el acuerdo en Itaipù, llega en un momento en que el consumo en nuestro país, subió de forma significativa. Esto empuja a la adquisición de mayor volumen eléctrico de la usina.

“Vamos a aumentar un 10% con relación al año pasado, de la potencia contratada. Entonces se va a aumentar un 10% para poder atender la demanda de energía eléctrica, del crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay en los últimos dos años, que fue de 12. 5%”, dijo.

Este escenario eléctrico, agregó, no tendrá ningún impacto en el precio que el consumidor paga por la provisión.

“En ningún momento va a haber aumento de la tarifa (para el usuario) debido a este aumento de la potencia en la tarifa de la potencialidad, no va a repercurir en aumento para los clientes”, afirmó.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Sosa remarcó que la inyección de recursos que surge a partir del acuerdo tarifario, permitirá mejorar la infraestructura de la ANDE, para abordar la demanda del mercado.

“Se va a realizar mucha inversión, que de hecho ya veníamos mejorando las inversiones del sistema eléctrico paraguayo. Vamos a aumentar el nivel de inversión en líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica. En los últimos 3 años el promedio de la inversión llegó a 300 millones de dólares y ahora tenemos como meta este año llegar a 370 millones de dólares de inversión. Existe la obligatoriedad (en tres años) de retirar el 100% y esto va a depender de la demanda. Un punto muy importante es que se estableció la posibilidad de vender directamente al mercado eléctrico brasileño”, mencionó.

Las inversiones, continuó, son fundamentales para llegar a la soberanía energética, y este es el mandato del Presidente Santiago Peña.

“Estamos ejecutando obras muy importantes en los últimos tiempos, necesitamos agilizar la ejecución, las obras, y elevar el monto de la inversión en forma anual para que realmente estemos en mejores condiciones. Porque definitivamente no podemos ejercer nuestra soberanía energética si no tenemos calidad de servicio. A lo que el presidente apunta es que esa soberanía energética se ejerza a través de la utilización de la energía para el desarrollo de nuestro país, generando empleo e industrializando nuestro país. La Ande es una institución que cuenta un plan maestro bien definido, es decir, tiene identificado cuales son las obras para poder acompañar el crecimiento vegetativo y también para poder mejorar la calidad de servicio, ejecutando las obras de estrategia para poder tener la abundancia necesaria”, acotó.

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NUMEROS

¿Cuánta es la suma que se requiere invertir para estar a punto con la necesidad del mercado? Sosa afirma que lo ideal en cuestión de cifras es alto, pero que si se llega a una meta que está cerca, ya se podrá tener pista para el despegue.

“Requiere una inversión de 6.500 millones de dólares en 10 años. Es decir US$ 650 millones de dólares en forma anual, que es la inversión necesaria en línea de transmisión y distribución de energía eléctrica y generación, para poder comenzar a diversificar la materia de generación. Nosotros creemos que este crecimiento importante de los últimos dos años, se debe principalmente a que tenemos varios contratos hasta el año 2023, contratos que tenemos hoy día y que tiene vigencia hasta el año 2027. Nosotros hicimos un cálculo aproximado, que si nosotros llegamos en promedio a invertir 400 millones de dólares en transmisión y distribución, vamos a estar a la altura de las empresas distribuidoras más eficiente la región. Si llegamos a un promedio de 400 millones de dólares de inversión para poder realizar una reingeniería optima”, sostuvo.

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La gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, Vanessa Cubas, señaló al programa A Fuego Cruzado, emitido por GEN, que los cambios que se preparan dentro del plan de soluciones de la crisis que afronta el ente, tiene el estatus de urgencia.

“Es un paquete de medidas administrativas y también de reformas legales. Nos vemos obligados a plantearlas por la situación y por las condiciones en las que hemos encontrado la institución en agosto del año 2023. Esto no es un secreto, es público, las crisis existe en el Instituto de Provisión Social. En sus finanzas, en el fondo enfermedad y maternidad. Hemos heredado deudas multimillonarias en dólares, tenemos problemas. Por eso para prestarle las atenciones de salud que nuestra población asegurada se merece, estamos trabajando arduamente para que eso cambie. También hemos heredado problemas en el fondo de jubilaciones y pensiones, el cual está desequilibrado”, expresó Cubas.

La misma subrayó que algunas de las fórmulas ya están aplicadas, una de las cuales se refiere al aumento que, con criterio político, se tomó para alzar el monto percibido por personas que no llegaron a aportar lo que manda la ley.

“Entonces son necesarias algunas medidas que ya han sido aprobadas por el consejo de administración. El Consejo de Administración ha resuelto revocar resoluciones del año 2020 y del año 2021 a través de las cuales el Consejo de Administración, con argumentos legales de dudosa legalidad y también sin considerar las condiciones financieras y el impacto actuarial que fue advertido por las instancias actuales de la institución, elevando el piso jubilatorio que por ley debe ser respetado”, acotó.

La pandemia del Covid, sumado a los malos manejos, determinaron que el cuadro crítico, previsto que se llegaría al 2038 (si no se tomaban medidas correctivas) ya llegó, con todo lo que ello implica.

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“Esa situación precisamente surgida de la pandemia fue el descenso de los ingresos, sumado a esas decisiones que aumentaron los gastos adelantaron la crisis, que comenzó el año 2020, continuó en el año 2023, llegando a usar la renta de las reservas. Eso significa el 28% de las rentas de la reserva. Si nosotros continuamos así, en esta velocidad y en este mismo camino de egresos y de gastos, dentro de unos años la renta ya no nos va a alcanzar. Y esa es la situación, nuestro modelo de financiamiento del IPS es el de capitalización colectiva con un fondo de reserva. Esa reserva hoy tiene casi 2.500 millones de dólares en el sistema financiero. Con esto no solamente no se está ahorrando, sino que se está usando la reserva. Eso significa que a mediano y largo plazo estaremos recibiendo a 900. 000 activos, para los cuales es posible que si seguimos gastando del mismo modo, no tengamos el dinero para pagarle su jubilación”, remarcó.

Un aspecto que abrió la polémica, referente al promedio de los últimos salarios que definirà la jubilación a recibir, fue abordado por Cubas. Señaló que el plan de elevar de tres últimos años a los diez años de promedio salarial para la jubilación a cobrar, es una necesidad que surge de los cálculos financieros, así como de un criterio que, según la misma, es de justicia.

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