El vocero de los oferentes Emigdio Peralta, destacó que entre este proceso la Conatel eliminó algunas ofertas porque presentaron documentos vía online que si bien son válidos, la entidad no pudo constatar los documentos y simplemente por eso los anuló. Sin embargo, en el pliego de bases y condiciones no se habló de que vía online no eran válidos los documentos.

“No es posible que de 72 oferentes un total de 49 hayan sido desestimados, mas dos que de entrada mismo ya fueron eliminados. Y de 34 frecuencias de FM que están siendo licitadas solo 12 frecuencias serían adjudicadas. Casi el 80% fue descalificado por defectos de forma y no de fondo, cuando eso se podría subsanar con la sola comunicación al afectado, por ejemplo: si hay casos de media firma o falta de foliación de una o dos hojas, o documentos que fueron enviados vía online, esas cosas se podrían subsanar solo informando al oferente, pero se dejaron de lado el Fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión debe tener en cuenta los aspectos técnicos, económicos y programáticos que son lo importante”, destacó.

Agregó que el nuevo titular de Conatel Andrés Gubetich, dijo que a todos los oferentes se les comunicó para enmendar los errores de forma, Sin embargo, respondió al respecto que eso es falso. “Ningún oferente fue comunicado para subsanar los errores de forma. Creemos que le mintieron al presidente de Conatel sobre este tema”, agregó Peralta.

“Todas estas irregularidades nos obligaron a una denuncia pública referente a esta licitación 1/2018, porque es la primera vez que en una licitación pública de radios se desestimó a casi el 80%. Ante todas estas irregularidades y por la falta absoluta de confianza de parte nuestra y porque esta licitación que fue llamada por autoridades salientes que no se animaron a adjudicar en tiempo y forma, es que 35 días después del llamado a licitación del 24 de mayo, no se animaron a adjudicar por las irregularidades detectadas y dejaron irresponsablemente esto a las nuevas autoridades de Conatel que ni siquiera cambió su directorio porque solo se cambio al Presidente de Conatel y no a los cuatro directores. El presidente de Conatel está atado de pies y manos”, acotó.

Finalmente instan a Abdo Benítez a nominar en forma urgente a los nuevos miembros del Directorio de Conatel, para que tenga continuidad todo proceso licitatorio. Además, piden que haya una nueva comisión de evaluación nombrada por las nuevas autoridades de Conatel.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.