Juan Zenón Morínigo, productor de la zona de Margariño, una pequeña comunidad ubicada cerca de la frontera con Argentina a 180 km. de la Colonia Neuland, visitó los estudios de la 970 AM para dar a conocer su situación.

Según relató a la emisora radial, apenas asumió el nuevo gobierno se plantearon ciertas dificultades en lo que respecta a la liberación del canal del río Pilcomayo, específicamente con el uso de dragas.

En ese sentido, comentó que el año pasado tanto el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), la comisión del Pilcomayo y varios productores de dicha localidad habían elaborado un proyecto para la utilización del dragado, el cual tuvo muy buenos resultados.

“Hicimos un intento y se demostró que el principio de draga funciona, entonces se incluyó en el pliego de bases y condiciones”, expresó Morínigo, dando cuenta de que el propio ministerio tuvo en cuenta ese sistema a la hora de plantear la licitación.

Este productor dijo que todo estaba bien encaminado antes del cambio de gobierno para hacer los trabajos en el Pilcomayo, hasta que vinieron a presentarse las primeras dificultades, teniendo como principales responsables a un grupo de empresarios.

Morínigo mencionó que hace unos días, él y otros productores de la zona habían sido convocados en la sede del MOPC junto con representantes de las empresas que tenían intención de trabajar en el río. En dicha convocatoria también participaron representantes de la cartera estatal, incluyendo a Ricardo Riego y Artur Niedhammer, antiguo y nuevo director de la Comisión Nacional del Pilcomayo, respectivamente.

“En un momento dado, alguien le pidió a todos que se retiren de la sala y nos quedamos a solas para charlar”, recuerda durante su relato. Fue en ese preciso instante cuando uno de los empresarios que habían quedado dentro de la sala de reuniones le pidió dejar su teléfono celular a él y los demás participantes, cosa que le llamó la atención y generó dudas.

La persona que encabezó el encuentro a puertas cerradas (ya sin representantes del MOPC), dijo a todos los que estaban allí: “Acá hay trabajo para todos”, expresó Morínigo a la 970 AM, a lo cual agregó: “Luego dijo que iban a ponerse de acuerdo y que el día de la licitación iban a traer sus computadoras para ir a licitar en ese momento”.

Según pudo interpretar este productor de la zona del Chaco, todos los empresarios organizaron la reunión para acordar cuál sería el mecanismo mediante el cual podrían hacerse con la licitación para los trabajos en la embocadura del río Pilcomayo, de manera a dejar de utilizar el sistema por dragado que se venía utilizando.

Ese mismo día en horas de la tarde, los mismos empresarios se habrían reunido nuevamente pero en la oficina de una de las empresas para “cerrar el acuerdo” -indicó Morínigo-, tras lo cual uno de los que estuvo con él le expresó su sorpresa ante todo lo ocurrido. “Al salir de ahí uno me dice que en todos sus años de empresario nunca ocurrió eso de que nos reúnan en el propio ministerio y nos pongamos de acuerdo para licitar ese día y sacar un precio”, precisó.

De acuerdo a lo manifestado por este productor, el que dirigía la reunión en la sede del MOPC era representante de una de las empresas interesadas en hacerse con licitación y que aparentemente sería muy allegado al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.

“Quieren eliminar el uso de dragas porque les es más barato hacer el trabajo con máquinas viales, luego dejar el sedimento al costado del canal, eso vuelve a caer con las lluvias y acarrea más trabajo para el próximo año, eso significa un presupuesto fijo para las empresas viales”, afirmó, dando a entender que la intención de los empresarios sería obtener un importante lucro con estos trabajos en el Pilcomayo.

Morínigo sostuvo que “le da su voto de confianza a Wiens”, por ello no cree que él esté metido en este asunto, aunque sí está seguro de que algunas personas de su entorno están influyendo para cometer las irregularidades.

Se estima que alrededor de 25 millones de dólares estarían en juego con la licitación para realizar trabajos en la embocadura del río Pilcomayo.

“Paraguay es el único país en el que probamos algo que funciona y volvemos a cambiar a pesar de que anda”, sostuvo este productor, reiterando que el sistema de limpieza por dragas ha demostrado ser efectivo y no existen motivos para dejarlo de lado.

Finalmente, pidió que se puedan tomar cartas en el asunto para que el proceso licitatorio se haga en forma y que esta denuncia pueda ser tenida en cuenta.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.