Más nombres de ope­radores políticos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez con cobro de jornales, hono­rarios, etc., fueron iden­tificados en el proyecto de “Reactivación econó­mica poscovid” del Sis­tema Nacional de For­mación y Capacitación Laboral (Sinafocal) eje­cutado por la ONG Cen­tro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD) con G. 6.093 millones prove­nientes del dinero de los contribuyentes.

Osvaldo Ocampos Muñoz, Óscar David Gibbons e Isa­belina Velázquez, candi­datos seccionaleros de Mariano Roque Alonso, Lambaré y Areguá, que en sus tiempos de campaña tenían asegurados sueldos en el proyecto poscovid administrado por el CIRD.

Gibbons figura con cobros de G. 4,5 millones en con­cepto de jornales. El mismo se postuló a con­vencional por la Seccio­nal 349/1 de Lambaré por la lista 3 de la chapa que encabezó Abdo Benítez en las últimas elecciones partidarias de la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR).

En fotografías difundi­das en redes sociales se lo ve también como uno de los operadores fanáticos que tuvo Rodolfo Brítez Noblia en su campaña por la concejalía municipal de Lambaré.

Cabe remarcar que Rodolfo Brítez es hijo del cuestionado exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Roberto Brí­tez Ferreira, que fue noti­cia varias veces por tener a su clan familiar en la fun­ción pública.

En el caso de Ocampos Muñoz cobró jornales de G. 3 millones en proyecto poscovid. Se candidató para miembro titular de la seccional número 3 de Mariano Roque Alonso, también como parte del equipo de Abdo Benítez y se lo ve en fotografías de campaña muy de cerca con el exprecandidato a vicepresidente por el abdismo, Juan Manuel Brunetti, y el exvice­presidente y exprecan­didato a presidente de la República Hugo Veláz­quez.

Isabelina Velázquez de González es otra que cobró honorarios de G. 4,5 millo­nes en proyecto posco­vid. Fuerte operadora del grupo Abdo en Areguá, excandidata a miembro de la seccional de su ciudad.

Los mencionados suman la lista de operadores polí­ticos identificados en las rendiciones de cuenta del proyecto. Cabe recordar que antes fueron revela­dos los nombres de Diego Barreto Zelada con cobros de honorarios de G. 6,1 millones, quien fue ope­rador político de Rodolfo Brítez en las elecciones municipales y meses des­pués apareció como con­tratado en proyecto pos­covid.

Como parte del equipo de fanáticos y operadores de la campaña abdista, bene­ficiados en proyecto pos­covid, aparecen también Dora Liz Ortega como técnica contratada con sueldo de G. 6,1 millo­nes; Lida Graciela Mon­zón, con jornales de G. 3 millones; Rossana Men­doza Balmori, con jor­nales de G. 4,5 millones; Moisés Justiniano Picci­nini, con jornales de G. 3,5 millones, y Santiago Salvador Acosta, con jor­nales de G. 3 millones.

Resalta el caso de Dora Liz Ortega, quien regis­tra fotos y posteos en redes sociales rogando votos para la exministra del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) Carla Baci­galupo, durante su cam­paña por la senaduría. Para enganchar a los votantes incluso ofrecía la posibi­lidad de empleo a la gente que “necesitaba trabajar”, diciéndoles que “pueden traer su currículum” de modo de ir cargando sus datos en la base de la bolsa del MTESS.

De esta forma se puede ver cómo la ONG CIRD, en cierta forma, finan­ció a los operadores del abdismo, así como tam­bién otorgó jugosos hono­rarios y jornales al clan del presidente Agustín Carrizosa, mediante un proyecto sensible como lo fue “Reactivación econó­mica poscovid”.

Es así que María Berta Rojas, pareja del presi­dente del CIRD, en total facturó G. 212 millones solo en el mencionado pro­yecto. Su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, fac­turó por un total de G. 109 millones; su hija Paola Carrizosa llevó jornales de G. 4,5 millones. Mien­tras que Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordi­nador anticorrupción del CIRD, Francisco Alcaraz, tenía honorarios de G. 4,5 millones.

Consultoras satélite a las que se encuentra vinculado el propio coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” convierte la lucha en apetitoso negocio para quien articula.

El proyecto “Más ciuda­danía, menos corrupción”, que nuclea una treintena de organizaciones “antico­rrupción”, tiene alrededor de tres selectas consulto­ras que facturan y a las que están vinculados como pres­tadores de servicios Fran­cisco Darío Alcaraz y su hijo Carlos Francisco Alcaraz.

El hijo del coordinador fue contratado como téc­nico por la ONG Conciencia Viva, que a la vez es la que factura en consultoría en el proyecto anticorrup­ción del CIRD.

Hay que mencionar que la ONG Conciencia Viva es dirigida por Romy Mabel Vaesken, quien, según docu­mentos del Ministerio de Economía, también figura como representante legal de la consultora Tabacman EAS, firma en la que tanto Carlos Alcaraz como su padre figuran como con­sultores.

Asimismo, otra cercana a Francisco Alcaraz que fue contratada en el marco del proyecto es Isabel Bení­tez Espínola, quien a su vez figura como empleadora de Alcaraz en los registros del Instituto de Previsión Social (IPS), y que factura en proyecto por consulto­rías a las organizaciones sociales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.