ONG reparte honorarios a clan familiar con dinero del Estado
Mientras la coyuntura política prevé redireccionar más recursos para las oenegés en el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), una de las oenegés más antiguas en nuestro país, que ejecuta astronómicos presupuestos con el erario público, el clan del presidente de la organización y de coordinador de proyecto anticorrupción figuran con jugosos cobros en un proyecto de reactivación económica poscovid de G. 6.093 millones.
La rendición de cuentas de un proyecto de “Reactivación económica poscovid revela la repartija de honorarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presidente del Centro de Información y Recursos para el desarrollo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le transfirió el Estado, a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). Entre los privilegiados consultores también está el hijo del mediático consultor anticorrupción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.
El proyecto de reactivación económica poscovid fue lanzado el año pasado por la entonces ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.
El objetivo marcado es la “capacitación y fortalecimiento de mipymes y del Sinafocal, para promover el incremento del empleo formal y la posibilidad de que los beneficiarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reactivar su economía fueron los miembros del clan Carrizosa-Alcaraz. Según documentos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio específico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carrizosa Bradshaw, hija del presidente de la ONG.
Así también, se registran reiterados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el proyecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.
El CIRD es una institución que tiene infinidad de convenios con diferentes entidades del Estado, administra proyectos sociales muy sensibles en el rubro de Salud, gestión pública, trabajo, además de reivindicar la transparencia y el combate a la corrupción con iniciativas de debate que cuestionan la discrecionalidad, el tráfico de influencias del poder político que saca provecho y privilegia a su entorno, etc.
La repartija de sueldos en familia aprovechando un convenio financiado con dinero público y los negocios de consultoría que corren entre los amigos que actúan de consultoras satélite de la ONG, empresas a las que también facturan y están vinculadas quienes activan en el CIRD, no condicen con el discurso que pregonan desde la organización. Por ello consultamos a Carrizosa sobre los cobros de jornales y jugosos honorarios de su familia en el citado proyecto, a lo que respondió: “Familiares míos, quién por ejemplo?
FOTÓGRAFA
Sobre el caso de su hija, señaló: “Ah sí, Paola, ella es fotógrafa. Pero ella es la única”, pero al consultarle sobre María Berta, dijo: “Ah bueno, ella es la coordinadora, sí. Ella es mi pareja, verdad, no es familiar. Bueno, si es familiar. ¿Y después?Ante su pregunta le hicimos referencia sobre los cobros de una cuñada, hermana de María Berta, a lo que respondió: “Ah Marta, sí. Ella es consultora. Sí eso, ¿y después? ¿Eso nomas, verdad?”.
Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordinador de proyecto del CIRD “Más ciudadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz, figura con varios cobros de jornales.
Sobre el caso, Francisco Alcaraz refirió: “Él es un profesor independiente, no tiene ninguna limitación para trabajar, el CIRD tiene sus procedimientos internos, es una organización del sector privado”.
Alcaraz sostuvo que su hijo no está contratado en “Más ciudadanía, menos corrupción”; sin embargo, otra ONG contratada para este proyecto tiene como profesional al joven para realizar charlas con dinero recibido para el financiamiento de esta iniciativa.
Por cierto, el consultor anticorrupción Alcaraz también contrató a la consultora de su contadora Isabel Benítez Espínola en “Más ciudadanía, menos corrupción” y, a la vez, la mujer figura como su empleadora en el Instituto de Previsión Social (IPS), en condiciones poco claras. “Hay varias modalidades de aporte y una de las modalidades es el aporte voluntario que no constituye ningún delito porque permite la legislación del IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios”, dijo Alcaraz, dejando al descubierto las vinculaciones y los negocios de clanes detrás de los proyectos anticorrupción. (Ver infografía).
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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