• Por Rossana Escobar M.
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Siguiendo con el des­tape del manejo dis­crecional del dinero público en proyectos del Cen­tro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) con el Estado, encontramos que varios operadores del movi­miento político del expresi­dente Mario Abdo Benítez figuran con honorarios o jor­nales en las rendiciones de cuenta del proyecto “Capaci­tación y fortalecimiento para mipymes y del Sinafocal para contribuir a la reactivación económica poscovid”, ejecu­tado por el CIRD con el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sina­focal).

La reactivación económica poscovid, proyecto de G. 6.093 millones transferido por el Estado al CIRD a tra­vés del Sinafocal, financió operadores políticos del ofi­cialismo; es decir, financió de alguna manera la campaña del equipo de Mario Abdo Benítez con recursos públicos. Lo más bochornoso es que la propia exministra del Trabajo Carla Bacigalupo y el actual secre­tario técnico del Sinafocal, Alfredo Mongelós, firmantes del convenio, consiguieron contratos para sus hurreros gracias al CIRD.

Agustín Carrizosa, presidente del CIRD, se especializó como agente de empleo de su fami­lia al colocar a su clan en el proyecto con jugosos hono­rarios, así también se puede decir que se alió a la campaña de Abdo con la contratación de operadores políticos de su movimiento.

En la rendición de cuen­tas del proyecto poscovid se puede ver que Diego Barreto Zelada figura con cobro de honorarios profesionales de G. 6.100.000; Rossana Men­doza Balmori con jornales de G. 4.500.000; a Moisés Jus­tiniano Piccinini le pagaron jornales de G. 3.500.000; a Santiago Salvador Acosta jornales de G. 3.000.000; a Lida Graciela Monzón jorna­les de G. 3.000.000; y Dora Liz Ortega figura con cobros de G. 6.100.000 en concepto de con­tratación de personal técnico.

Diego Zelada y Moisés Pic­cinini activaban fuerte en campaña para concejalía de Rodolfo Brítez Noblia, hijo del impresentable exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Roberto Brítez, también denunciado por tener a la familia completa dentro del Estado.

Rossana Mendoza Balmori, otra de las privilegiadas, apa­rece promocionando en sus redes los eventos de campaña de su pareja Víctor Benítez Frutos, quien durante la cam­paña partidaria se postulaba por el movimiento abdista como miembro titular de la Seccional Colorada n.° 352/4 en Lambaré, parte del equipo de Mongelós.

Coincidentemente sacaron el proyecto en tiempos de cam­paña política y más coinci­dencia aún que operadores de Lamabaré zona de influen­cia de Mongelós, coparon la nómina de contratados. Entre los citados también se puede ver a los operadores políticos de la candidatura de Brítez Noblia en Lambaré.

Vale recordar que en tiempos en que se ejecutó el convenio Abdo se postulaba a la presi­dencia de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Monge­lós por un lugar en la misma Junta de Gobierno y Baci­galupo quería ser senadora.

Uno de los casos más alevosos es el de Dora Liz Ortega, que en la rendición de cuentas del proyecto de “Fortalecimiento poscovid” figura con sistemáticos cobros de G. 6.100.000, ya que en sus redes sociales se la vio el pasado diciembre, días antes de las elecciones partidarias, rogar a sus contactos “un voto de confianza” para la senaduría de la exministra Carla Bacigalupo.

“Amigos y amigas les pido su voto de confianza, votos pensantes, votos a favor del desarrollo del país”, dice parte de su posteo acompañado con fotografías de la exministra Bacigalupo.

El titular de Sinafocal, Alfredo Mongelós, reconoció a operadores políticos de su exmovimiento como privilegiados del proyecto y refirió a Nación Media que “esos contratos son temporales, que duraron el tiempo que se llevaron los cursos nada más, no es que tienen una dura­ción indefinida, o sea terminaron el proyecto y automáticamente quedaron desvinculados de la institución”.