Los voluntarios de la observación electo­ral de la ONG Alma Cívica, así como funciona­rios de esta empresa que apa­recen en redes sociales como verdaderos operadores políti­cos de la Concertación Nacio­nal, principalmente de Sole­dad Núñez y su esposo, Bruno Defelippe, sugieren la misión de monitoreo como una farsa, ya que son fanáticos del grupo político, en algunos casos per­ciben salario de la institución administrada e integrada por leales de la pareja y en otros asumen haber recibido favo­res de los mismos.

Con los jugosos contratos detrás de proyectos públicos del esposo de Soledad y de algunos amigos oenegeístas, varios voluntarios identifica­dos como observadores resul­taron ser verdaderos opera­dores de la Concertación. Se manifestaron en redes con la intención de defender el modus operandi, pero ter­minaron condenando más el esquema ya que pertenecen al club de beneficiados en algún proyecto de Koga, empresa de Defelippe, y en otros casos son parte de la ONG y reci­ben paga como responsables de los cursos solventados con financiación de organismos extranjeros, lo que revela que Alma Cívica tiene inclinacio­nes políticas.

Fernando Maidana, coordinador de programa de ONG creada por Soledad Núñez y que es financiado por PNUD, pide votar por la Concertación.

Ya es sabido que Defelippe vende consultorías detrás de algún proyecto público en los que aparece como articu­lador y así como él, varios de sus amigos distribuidos en ONG satélites coinciden en el privilegio. Se adjudicó de manera directa en Conacyt o detrás del proyecto con el que se benefició algún amigo suyo, como el caso de Diego Sosa Maciel, vinculado al proyecto Agendia, benefi­ciario de Conacyt, Mitic, que asesora Defelippe, en el primer caso. Esto sin contar la pila de contratos a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puen­teando a Contrataciones Públicas como el concurso en Ciudad Mujer, desarro­llo de marca para las cárce­les, etc.

En la selecta rosca de oene­geístas aliados se pueden mencionar los publicistas Camilo Guanes y Rodrigo Weiberlen, socios de Defe­lippe en Koga, que integran junto con él otro organismo no gubernamental que es la Asociación de Emprende­dores del Paraguay (Asepy), que constituye el brazo polí­tico con el objetivo de impul­sar fondos para emprende­durismo o proyectos como la bicisenda, etc.

En círculo, Bruno Defelippe y Luis Godoy Bonini, ambos de Sendas Py, ONG de bicisendas. Godoy a la vez es director de OCA Arquitectura, adjudicada con proyecto para Bicisendas.

Guanes y Weiberlen, con Oni­ria, se llevaron unos G. 2.352 millones de Itaipú sin licita­ción por asesoría de comuni­cación, materiales visuales, y también son consultores favoritos del BID en el pro­yecto de la Agenda Digital costeada con una deuda país de US$ 130 millones, preci­samente a través del mencio­nado organismo.

En paralelo a lo señalado, aparecen operadores como observadores de la ONG Alma Cívica, que hoy día tiene como directora ejecutiva a Olga Caballero, asociada a OCA Arquitectura, adjudi­cada para proyecto Bicisen­das y en la que está otro amigo oenegeísta afín, Luis Godoy Bonini. Una de las fanáticas seguidoras políticas es Selene Rodríguez Alcalá, por cierto, destacada becaria del pro­grama Becal que en redes dijo haber sido beneficiaria de uno de los proyectos de Koga, empresa de Defelippe, y luego se convirtió en obser­vadora de la ONG de la pareja de políticos.

Diego Sosa Maciel, beneficia­rio de Agendia, proyecto que asesora Defelippe, es uno de los socios fundadores de Alma Cívica, fuerte operador de la Concertación, y es su socio comercial, obviamente; ade­más de observador electoral de la ONG.

Fernando Maidana, que en el pasado ya estaba involucrado en un proyecto que guarda relación con uso de bicicletas a través del Ministerio de la Vivienda, es coordinador de uno de los cursos políticos de Alma Cívica que cuenta con apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), es otro que opera fuerte por la Concertación en redes sociales.

Selene Rodríguez, beneficiaria de proyectos de empresa de Defelippe, fanática de la Concertación y observadora electoral de Alma Cívica.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.