En el marco del operativo Belia, el fiscal Ysaac Ferreira menciona que los allanamientos se realizaron en el marco de la investigación por Lavado de Dinero y que han encontrado elementos que vinculan a dos personas por Lavado de Activos, Wilfrido Caballero Vega y Rubén Darío González Cantaluppi. En los allanamientos otras 4 personas fueron detenidas por Obstrucción a la Persecución penal.

Al respecto, el agente refirió que esta causa se inició el 9 de octubre de 2021, a raíz de los 2.900 kilos de cocaína que se hallaron en el puerto Terport, eso motivó al Ministerio Público a abrir una causa sobre Miguel Servín y las personas de su entorno, en ese sentido, fueron imputadas siete por Lavado de Dinero, ciertos elementos como documentos los llevaron a Wilfrido Caballero Vega y Rubén Darío González Cantaluppi.

Una vez en el sitio, la comitiva se percató de que Caballero se encontraba dentro del local Panorama y rápidamente se dio a la fuga, ya que se halló una notebook de su pertenencia, lo que también ayudó a indagar más en el lugar, para luego encontrar otro sector dentro del recinto donde había una cantidad importante de dinero, que sumado, a priori nos da la suma de USD 1,5 millones en efectivo, cabe destacar que no todos los billetes son dólares. Señaló que se indagará el origen del dinero y el contexto en el cual se encontraba escondido en dicho lugar.

En cuanto al hecho punible de Lavado de Dinero, tenían cuatro fechas ciertas en las cuales se realizaron transacciones en el local de Panorama cambios, por parte de Caballero y González Cantaluppi, bajo órdenes de Servín. Por otra parte, los demás detenidos estarían siendo procesados por Obstrucción a la Persecución Penal, ya que se presume ayudaron a que Caballero pueda huir y además, intentaron esconder la notebook.

Seis allanamientos fueron realizados en torno a este operativo, entre ellos, a casas de cambio. Las acusaciones apuntan a que dos funcionarios colaboraron para el resguardo de dinero en volúmenes importantes, y transacciones de pago ilegales dentro del sistema financiero formal.

En cuanto a Arce, quien fue asesinado, en principio no se conoce su participación como accionista, pues no figura en dicha nómina. De información extraoficial se presume que se encuentra bajo la figura de franquicia, sin embargo, eso está prohibido ante las Leyes financieras de nuestro país, pero conforme al avance de las investigaciones se sabría con certeza, una vez que se cotejen los datos.

Los fiscales intervinientes son Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira, Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria, Osvaldo García, se llevaron a cabo en Pedro Juan Caballero y Asunción.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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