Los intervinientes procedieron al lacrado del contenedor que se encuentra en la sede de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y es propiedad de la firma IAS, principal proveedora de armas y explosivos de uso militar a esta institución.

Te puede interesar: Piden archivar proyectos con más tres de años de dictamen pendiente

Hasta el momento, en el operativo Dakovo se logró la detención de 13 personas, de las cuales, 10 cuentan con pedido de extradición de la justicia brasileña.

La Policía Federal de Brasil, en su intervención del Operativo Dakovo, emitió 54 órdenes de búsqueda e incautación, 25 órdenes de captura y 6 órdenes de arresto temporal en Paraguay, Brasil y Estados Unidos.

Diego Dirisio, de nacionalidad argentina y su pareja Julieta Nardi, propietarios de la empresa IAS, son sindicados como líderes de la estructura criminal. Según las investigaciones, entre noviembre del 2019 y mayo del 2022, la firma importó 16.669 armas.

Varios militares, algunos de alto rango, forman parte de la lista de personas detenidas durante los más de 20 allanamientos que se realizaron en Central y Ciudad del Este.

Lea también: Absuelven al fiscal Lorenzo Lezcano al no hallar indicios de mal desempeño de funciones

Un día como hoy del 2025, cerca del mediodía en plena avenida Mcal. Estigarribia, Cinthia Riquelme caía de un colectivo de la empresa de transporte Caraguatay cuando faltaban cuadras para llegar a su destino, víctima del robo de un falso vendedor ambulante.

En ese mismo lugar, un año después, sus familiares y amigos llegaron para una manifestación pacífica en su memoria.

La madre de Cinthia la recordó como una mujer inteligente y trabajadora, que dejó huérfanos a dos niños, quienes viajaban con ella al momento del hecho.

Pidió que se castigue al responsable del hecho e hizo un pedido especial a las autoridades sobre los controles a vendedores ambulantes que abordan los buses.

Cabe recordar que el responsable del robo es Arnaldo Ariel Giménez Salcedo, de 19 años, aprehendido días después del percance y hoy acusado por el Ministerio Público.

El chofer del bus también está sometido al proceso debido a que la unidad que manejaba iba con las puertas abiertas al momento del hecho. Asimismo, se determinó que la empresa de transporte no cuenta con seguro.

El presidente Santiago Peña este lunes encabezó la primera reunión del año con autoridades de las distintas instituciones estatales que integran el Gabinete Social.

Durante el encuentro, se realizó un balance del trabajo desarrollado el año pasado y se definieron los principales ejes estratégicos para este 2026, incluyendo la implementación de medidas concretas para la protección social, la estabilidad económica y el acceso a servicios esenciales.

Te puede interesar: Se firmará la Junta por la Paz: Paraguay será miembro, pero no pondrá dinero

Según explicó en conferencia de prensa Juan José Galeano, asesor de la Presidencia en temas económicos y sociales, se logró consolidar una hoja de ruta cuyo objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en mejoras tangibles en el día a día de las familias.

Cabe recordar que Paraguay cerró el 2025 con un crecimiento económico del 6%, mientras que para el 2026 se proyecta una expansión del 4,2%, conforme a las previsiones actuales.

Las acciones del Gabinete Social apuntarán a que estos avances macroeconómicos impacten en la economía familiar, priorizando pilares como acceso al empleo, salud, educación, vivienda, transporte público y financiamiento, indicó.

Leé también: Tras 60 años, actualizarán cómo se alimentan los paraguayos

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, sostuvo que la misión encomendada por el jefe de Estado es el impulso de políticas que beneficien a la clase media, especialmente en el área metropolitana y en grandes centros urbanos.

El compendio de metas y compromisos para este año será dado a conocer próximamente al público como Plan Interinstitucional de Acción.

La jueza Lici Sánchez afirmó que existe un grave desorden administrativo y en el sistema de salud, en el marco del creciente número de acciones de amparo presentadas por pacientes, principalmente para acceder a medicamentos oncológicos, muchos de ellos de altísimo costo y, en algunos casos, no autorizados para su venta en el país.

En entrevista con radio Ñanduti, la magistrada sostuvo que la situación obliga a los jueces a tomar decisiones urgentes que terminan incidiendo directamente en el presupuesto de otras instituciones, lo que —advirtió— genera una tensión con el principio constitucional de división de poderes.

Sánchez cuestionó con dureza la falta de control previo en la prescripción médica. “No puede ser que los médicos estén recetando medicamentos sin cerciorarse previamente si hay o no hay”, expresó.

Como ejemplo, relató un caso que calificó de alarmante, ya que una receta médica solicitaba 1.000 pastillas, cuando cada frasco contenía solo 28 unidades, con un costo de 39 millones de guaraníes por frasco. “Cuando pedimos los costos, realmente te caés de espalda”, señaló.

La jueza aseguró además que existen fármacos que no cuentan con autorización para su comercialización en el país, pero que aun así son recetados y luego incluidos en órdenes de compra a través de resoluciones judiciales.

“Es grave lo que está pasando”, afirmó, al advertir que esta práctica expone al Estado a riesgos sanitarios, administrativos y financieros.

Sánchez recordó que el amparo es una medida excepcional y urgente, destinada a resolver una situación crítica de salud, pero que su uso reiterado está llevando a los jueces a ordenar compras directas, asumiendo incluso responsabilidades administrativas que no les corresponden.

“Estamos ingresando al presupuesto de otra institución. Por Constitución Nacional hay división de poderes”, subrayó.

La magistrada explicó que, aun con una orden judicial de cumplimiento inmediato, el Ministerio de Salud debe seguir procedimientos administrativos, que incluyen contrataciones directas y llamados a laboratorios, lo que retrasa la provisión de los medicamentos. “¿De qué sirve una orden judicial si el laboratorio no provee por una cuestión administrativa o económica?”, cuestionó.

La jueza Sánchez instó a rever el sistema, fortalecer los controles técnicos, transparentar la compra de medicamentos y definir mecanismos claros para evitar abusos. “El amparo es para resolver lo urgente. Pero después la institución tiene que tomar conciencia. Si hay fallecimientos, reacciones adversas o medicamentos no utilizados, ¿dónde van a parar esos fármacos?”, se preguntó.