El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía, precisó que el procedimiento se llevó a cabo en el marco del Operativo Franklin, que tuvo como resultado la detención de seis hombres, colombianos y ecuatorianos, que integrarían una estructura criminal dedicada a estafar mediante un sistema sofisticado con conexiones en otros países y que se presentaban como un brazo financiero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sobre ese punto, el comisario Cardozo indicó que ese dato lo tendrán de manera oficial cuando contesten el documento por medio de los canales de las agencias de seguridad. “En cuanto a que si son o no parte de la estructura de las FARC, lo vamos a tener oficialmente cuando contesten el documento por medio de los canales de las agencias de Policía”, afirmó.

En cuanto al modus operandi, el jefe policial detalló que los detenidos identificaban a sus potenciales víctimas a través de las redes sociales, al contactar, les proponían inversiones con una rentabilidad de hasta el 70% para sus clientes, exigiendo que las víctimas dejen como garantía un 20% del monto total, entregándoles el dinero falso a cambio del auténtico.

Al respecto, señaló que los estafadores luego abordaban a sus víctimas, las subían a los vehículos y les cubrían los ojos con pasamontañas, llevándolas posteriormente a la vivienda donde se encontraban los demás miembros, quienes los esperaban armados. En el sitio, coaccionaban a las mismas a firmar un contrato, luego les entregaban una caja fuerte con dinero falsificado en billetes de 100 dólares.

Sobre la banda, la información que brindó fue que la misma ya se asentó en el país hace aproximadamente tres meses y trajo consigo una nueva modalidad, ingresando en el puesto migratorio de Infante Rivarola.

“Se presume que quitaban el dinero falsificado, le entregaban las cajas fuertes y las personas llevaban, después se veían sorprendidos al darse cuenta de que los billetes son falsos”, reiteró el fiscal Lorenzo Lezcano, de la Unidad Especializada de Crimen Organizado.

Tras el procedimiento, se lograron incautar USD 70.000, varios teléfonos celulares, armas, joyas y monedas falsificadas de USD 100. Asimismo, se contabilizaron boletas legales de la menos unas 12 cajas fuertes, que fueron compradas del mismo lugar, con documentos apócrifos de uno de ellos.

“Si hay más víctimas, por favor llamar al *377 o al Ministerio Público. Vamos a agradecer toda ayuda que nos puedan dar para continuar con esta investigación”, puntualizó el comisario Cardozo.

Desde hace años se convirtió en un problema para los usuarios de Internet hogar, televisión por cable e, incluso, planes móviles contratar un servicio por un cierto monto mensual, pero de manera repentina reciben facturas con números más altos que lo establecido inicialmente.

También, en las redes sociales abundan denuncias contra la compañías telefónicas que, aun durante la suspensión del servicio por mora del usuario, continúan emitiendo facturas por el costo total o parcial del mismo, sin que exista la correspondiente contraprestación.

Los senadores José Oviedo y Rubén Velázquez buscan sancionar este mal hábito, es por eso que presentaron un proyecto de ley que establece sanciones contra las compañías telefónicas y protege a los usuarios.

La propuesta señala que, las empresas no podrán facturar cargos por el servicio básico mensual, ni por ningún otro cargo fijo o variable, durante los períodos en que el servicio se encuentre a suspendido. A su vez, esto deberá ser debidamente comunicado hasta 5 días antes.

El proveedor podrá cobrar un cargo por reconexión, que no debe superar el 10% de la tarifa básica mensual.

En cuanto a las sanciones, las empresas se exponen a sumarios y a la devolución de los montos indebidamente cobrados a los usuarios. Además, se podría suspender determinados planes o servicios.

Los usuarios tendrán derecho a presentar reclamos ante la Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) en caso de cobros indebidos o incumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Eduardo Mingo, director de la Dirección Nacional de Meteorología, señaló que la altura actual del río Paraguay en Asunción es de 1,79 mts. que, aunque es un nivel habitual, si siguen las lluvias intensas en varios puntos de su cauce, pueden modificar su comportamiento futuro en Asunción.

Ante este panorama, la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), trabajan en acciones preventivas para proteger a las familias bañadenses.

“Estamos previendo espacios que puedan dar condiciones más dignas a más de mil familias, considerando que los lugares tradicionalmente utilizados ya no son viables, ya sea por su insuficiencia o por estar destinados actualmente a otros proyectos de desarrollo urbano”, indicó Alejandro Buzó, coordinador de la Dirección.

En este sentido, puntualizó que se está realizando un trabajo de relevamiento de cotas en la zona litoral del río Paraguay, en especial en áreas como el Bañado Sur y sectores aledaños a la Costanera.

Actualmente, el nivel del río aún no presenta una amenaza inminente, sí se registran crecidas en zonas del Chaco y se monitorean lluvias intensas en el norte de la región que pueden alterar al río Paraguay.

En ese sentido, se está trabajando en la planificación preventiva de zonas para potenciales albergues temporales, frente al riesgo de inundaciones.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.