Fuente: La Caja Negra – Unicanal

Bienes inmuebles convertidos hoy en rentables loteamientos son administrados actualmente por Inmobiliaria del Este, propiedad de la familia Zuccolillo y sus rendimientos depositados en el Banco Atlas.

Estas operaciones son parte de un esquema, casi perfecto, para lavar parte de los 200 millones de dólares desviados por Leoz durante su administración como presidente de la Conmebol. La inmobiliaria de los Zuccolillo, IDESA, es parte del parte del esquema lavado Atlas-Leoz.

La Caja Negra tuvo acceso al detalle de las fracciones administradas por la Inmobiliaria de los Zuccolillo y recorrió los loteamientos:

En la cuidad de Luque, está ubicada la fracción San Agustín, no existen lotes para la venta, está totalmente vendido y poblado.

En la ciudad de Altos, sobre el nuevo asfalto que une Atyra –Altos . En el sitio verificamos que no hay lotes libres en la actualidad.

En la ciudad de Caacupé, de acuerdo a los documentos existen unos 5 loteamientos administrados por Inmobiliaria del Este a favor de Leoz. Fracción San Jose II, la Candelaria, Costa dorada I y II, Virgen Del Valle y Maria Auxiliadora, y Cumbre del Sol. La mayoría con lotes totalmente vendidos.

Por ultimo, el equipo de la Caja Negra verificó las fracciones ubicadas en la ciudad de Emboscada. Las fracciones San Agustín y Fracción Tucán corresponden a Inmobiliaria del Este. Otros loteamientos están ubicados en Piribebuy, Quiindy e Itá.

INMOBILIARIA NO COLABORÓ CON INVESTIGACION EN EEUU

El 12 de agosto del 2016, el prestigioso buffet de abogados de los Estados Unidos, Quinn Emanuel, firma que colabora con la investigación de transferencias irregulares de dinero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), también había solicitado informes a Inmobiliaria del Este, propiedad de la familia Zuccolillo.

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La nota fue dirigida a Guillermo Brugada, gerente general de Inmobiliaria del Este y se le solicitaba información relacionada a los bienes de Nicolás Leoz. Sin embargo, nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido, a diferencia del banco Atlas, que al menos respondió y se excusó con el “secreto bancario” para evitar proveer la información requerida.

La verificación de información relevante en poder de Inmobiliaria del Este para la investigación criminal en curso, llevada a cabo por la fiscalía de Nueva York fue imposible. El gerente general de la inmobiliaria ni siquiera respondió la solicitud de la justicia americana.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.