La edición número 46 del Transchaco Rally se llevará a cabo a partir de este viernes 11 de octubre y se extenderá hasta el domingo 13, fecha en la que está prevista la finalización de la carrera y la entrega de premios a los ganadores.

En conferencia de prensa, el Ministerio Público confirmó hoy la designación de los fiscales adjuntos Jorge Sosa, Alba Rocío Cantero, Augusto Salas y la agente fiscal delegada Carina Sánchez para esta competencia automovilística, a ser desarrollada en la localidad de Mariscal Estigarribia.

La Fiscalía General del Estado ha designado a representantes de varias unidades para atender los distintos casos que pudieran presentarse durante el evento. En este caso, Augusto Salas acude por parte de la Unidad Especializada en Delitos Ambientes, Jorge Sosa de la Unidad Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana, Carina Sánchez de la Unidad Especializada de Trata de Personas.

Como parte del operativo de la Fiscalía se decidió colocar puestos de control durante todo el trayecto de la Ruta Transchaco, así como también habilitar un puesto fijo de control donde se estará procediendo a tomar todas las denuncias de los hechos punibles que se cometan o que se quieren denunciar durante el evento deportivo. Los mismos estarán ubicados en Cerrito, Pozo Colorado y Mariscal Estigarribia, este último establecido como base operativa principal.

Uno de los aspectos que serán tenidos en cuenta durante los controles será la posesión de armas de fuego. Sobre este punto, la fiscal Alba Cantero indicó que, además del documento de tenencia, también se estará exigiendo el carnet de portación y transporte de armas. En caso de no cumplir con este requisito, las personas demoradas se exponen a una imputación.

En caso de que existan menores de edad que no se encuentren acompañados por algún adulto responsable, los mismos serán demorados y puestos a disposición de sus padres, quienes serán comunicados sobre la situación para que puedan pasar a buscarlos o, en su defecto, serán trasladados hasta Asunción para que queden bajo custodia de sus mismos.

La Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público también trabajará en este operativo a fin de salvaguardar los derechos de los pueblos originarios, ya que en el marco del Transchaco Rally se cruza por la zona de influencia de varias etnias, según informaron durante la conferencia de prensa.

En lo que respecta al trabajo de la Unidad Especializada del Medioambiente, se encargará de efectuar controles aleatorios en las picadas a los efectos de verificar la producción de fogatas, esto con la finalidad de prevenir cualquier tipo de incendio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.