Explosiones controladas al interior de Tacumbú, disparos disuasorios para exhibir el poderío de armas con que cuenta el Estado, gases lacrimógenos a mansalva, helicópteros sobrevolando el penal, desarticulación total de cualquier tipo de apoyo externo a “la jungla”. Esto, más la transmisión del mensaje de que el objetivo oficial iba a concretarse sí o sí en el día, infundió el terror al primer anillo de 110 reos que conformaban la seguridad de Armando Javier Rotela en el penal mayor.

“Nos van a matar a todos, queremos negociar”, se escucha decir a un “soldado” del clan, que a través de un audio de WhatsApp clamaba por hacer llegar el mensaje al ministro del Interior, Enrique Riera, para frenar el ataque.

No hubo ninguna negociación. Las fuerzas policiales que ingresaron a Tacumbú, en menos de 5 horas de iniciado el operativo Veneratio, ya tenían rodeado el pabellón D, donde se parapetaba Rotela, cuyo “ejército” iba entregándose con sus armas, y sin ningún atisbo de reacción, mostraba a las claras que no estaba dispuesto a chocar con la tropa estatal.

Referentes de la seguridad del Estado, señalaron que el proyecto de desarticular a la banda que hegemonizaba Tacumbú ya llevaba meses en la mira. Y que incluso hubo cooperación internacional, que acopladas a la diseñada por autoridades nacionales, llevó a la práctica el asalto a Tacumbú.

“La cooperación internacional es constante en materia de seguridad, no podemos decir qué país contribuyó para poner en práctica el operativo”, dijo el comisario Nimio Cardozo, una de las altas autoridades que comandó la exitosa operación.

En las redes sociales y medios masivos de comunicación, la Operación Veneratio recibió apoyo unánime, tanto por el resultado como por la forma en que se llevó a cabo.

Santi Peña y Nayib Bukele.

LA SOLUCIÓN BUKELE

Desde su declaración de guerra a las pandillas maras que dominaron por años a El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele, no ha hecho sino cosechar éxitos en el combate al crimen organizado y a la inseguridad.

Con 60.000 criminales presos en cárceles construidos para albergar a “incorregibles” maras, y un régimen en el que impera 0 nivel de celulares en manos de reos, disciplina espartana en la que el infractor es sometido a aislamiento total, así como la pérdida de comodidades, transformó el concepto de cárceles que se tiene en Latinoamérica, y que ha posibilitado que los reclusorios se transformen en oficinas operativas de jefes criminales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.