Un capítulo especial de “Tierra de nadie”, por el canal GEN, generó anoche un fuerte debate en el que saltaron datos que tal vez por la magnitud de los acon­tecimientos pudieron pasar desapercibidos para las noti­cias, como el dinero para las fuerzas de seguridad que en realidad se reduce al presu­puesto propio de las Fuerzas Armadas. Ver en http://www.gen.com.py.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el fiscal antisecuestro Federico Del­fino comentaron sobre las expectativas de crecimiento de los grupos secuestradores y las condiciones en las que operan actualmente.

La violencia en el Norte, los secuestros, en este momento tres en manos del EPP, según se atribuye, están siendo tema de fuerte agenda debido a los últimos ataques terro­ristas que dejaron como víc­timas fatales tres militares, dos policías y un civil.

El ex comandante del Ejército general (SR) Alfredo Machuca y el general (SR) Restituto González, primer coman­dante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), señalaron desde perspectivas diferen­tes el abandono y la orfandad de las fuerzas de seguridad en la lucha contra grupos crimi­nales en el Norte.

Para la fiscala general del Estado es indudable que, pese al descreimiento, hubo avances en las pesquisas del Ministerio Público como las tareas desde el Ejército, y de no haberse realizado la tarea de recolección de datos, el EPP iba a ser mucho más grande y fuerte. Delfino, por su parte, sostuvo que a esta altura, de acuerdo a sus manuales, ellos tenían que haber tenido más de 1.000 miembros, “ahora el EPP estamos hablando de una veintena, un poco más un poco menos”, subrayó.

“Pero cuál es la situación y es eso lo que les hace fuertes a los efectos de evitar la infil­tración de las fuerzas de segu­ridad, son núcleos familiares, son núcleos extremadamente cerrados en donde está la familia Villalba, Silva, Cris­taldo Mieres, Argüello, Meza; se manejan en estancos fami­liares, lo que hace difícil poder realizar una infiltración a tra­vés de inteligencia de fuente humana”, explicó Delfino.

FORTALECER A LA FTC

El general (SR) Restituto González derribó un discurso político con relación al pre­supuesto de la FTC que en determinadas situaciones se usa con el fin de desmantelar las fuerzas de seguridad en el Norte, plan que pudiera lite­ralmente convertir a la zona en tierra de nadie.

“La Fuerza Armada tiene un presupuesto de 277 millones de dólares, de eso se quita 7,4 millones de dólares y se le dio a la FTC, el Ejército colaboró o sigue colaborando con el 20%, el comando de Fuer­zas Militares 40%, la Fuerza Aérea y la Marina 15% y 10% el Comando Logístico; o sea, del mismo presupuesto de la Fuerza Armada va el presu­puesto”, detalló González.

El ex primer comandante de la FTC sostuvo que por primera vez en Diputados se está hablando de un pre­supuesto adicional para las Fuerzas Armadas, que son aproximadamente G. 15.000 millones. “Por primera vez lo que se apruebe será para la Fuerza de Tarea, el resto es para difamar, para coartarle a la Fuerza Armada, para que sea burla en las redes sociales porque se gasta un montón de plata y no hay resultados, no se gastó nunca más de lo que es el presupuesto de la Fuerza Armada”, aseveró González.

A su vez, Machuca se enfocó en el mal empleo de las Fuer­zas Armadas por debilidades administrativas, y que “hay que emplear la estructura de la Fuerza Armada a nivel de territorio nacional con énfa­sis en el Norte, entonces sí vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, en una operación que no se hace, con qué capa­cidad tiene la FTC de llevar delante la intervención real, negar totalmente el acceso y salida a la zona roja, sea a una persona extranjera, nacional, autoridad, nadie pasa el perí­metro establecido y después se va estrechando, es la téc­nica y táctica del empleo de la fuerza contra la guerrilla”.

Machuca incluso manifestó estar convencido de que los grupos terroristas cuentan con vinculaciones políticas. “Hay que entender que tene­mos un brazo armado y sí o sí en este escenario, un grupo de terroristas, guerrilleros, sí o sí va a tener un brazo polí­tico que lo acompaña y está denunciado por todos los medios, por todas las redes, por qué no funcionan las ins­tituciones, por qué no hacen las investigaciones, por qué no los apresan, por qué no los detienen, por qué no pierden sus fueros si es que son los que están en el Congreso, yo no voy a decir si son culpables o no porque para eso están las instituciones”, acotó.

Negligencia y desidia en el tra­tamiento del secuestro de sus padres manifestaron Liliana Urbieta y Beatriz Denis.

Tanto Liliana como Bea­triz señalaron que, si bien la FTC realiza su tarea, exis­ten muchas limitaciones y en ocasiones hasta falta com­bustible para los operativos. Lamentaron la desidia por parte del Gobierno, que ni una campaña comunicacio­nal de sensibilización pudo llevar adelante con eficiencia.

“‘Que vuelvan los tres’ tuvo mucho más impacto que la propia campaña nacional y tenía que ser lo contrario, de arriba tuvo que haber nacido este proyecto, ‘Que vuelvan los tres’ tuvo mucho más impacto para la sociedad”, dijo Liliana.

“Vamos a hablar de los flyers nomás, recuerdan ustedes cuándo tenían que haber sacado, al día del secuestro, tuvo que haber una cam­paña masiva y hasta hoy eso no se cumple, hubo promesa por parte del Gobierno, de las autoridades parlamen­tarias, se hizo una sesión de una supuesta ampliación presupuestaria, pero no hubo campaña masiva a través de diferentes medios donde se hable de un monto de recom­pensa por información, eso nunca existió, se hizo a tra­vés de Whatsapp, una cam­paña casera”, indicó Beatriz.

En entrevista con “Tierra de nadie”, refirieron que como familia se sienten también secuestradas ya que deben cuidar todos sus movimien­tos, estar atentos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.