Otra condenada a muerte en China: su familia creía que estaba en Asunción

Luego de casi dos años de no tener contacto con sus seres queridos, la familia de Eulalia Duarte Estigarribia vio en la televisión que estaba en China, condenada a muerte por tráfico de drogas, pasando a ser parte de los 3.000 paraguayos que están detenidos en el exterior. La mujer había dejado Arroyos y Esteros en busca de trabajo en Asunción.

Darío Cano, primo hermano de Eulalia, contó en radio UNO que la mujer está separada y tiene tres hijos. Eulalia dejó su ciudad natal de Arroyos y Esteros, ubicada en el departamento de Cordillera, en busca de trabajo en Asunción.

Desde el 2013 la familia de Eulalia no sabía nada de ella, y pensaba que se encontraba trabajando en la capital.

“Hace dos meses nos enteramos que estaba en China”, comentó el primo, quien debido a una cuestión económica, inició las gestiones recién ayer, para saber cómo actuar en el caso.

Javier Duarte, hermano de la condenada a muerte, comentó que toda la familia quedó perpleja al saber de la situación. “Pensábamos que estaba en Asunción y jamás imaginamos que estaría en esas cosas”, explicó en guaraní. Los hijos de Eulalia quedaron con su abuela, la mamá de Eulalia. El padre de la condenada a muerte ya falleció.

Cerca de 3.000 paraguayos están detenidos por diferentes causas en el mundo, según Graciela Barreto, de la Secretaría Nacional Antidroga. De este número, el 87 % son mujeres, y un dato que subrayó: en el total de los casos, las mujeres fueron detenidas por tráfico de drogas.

La mayoría de las connacionales detenidas en el exterior son oriundas de ciudades fronterizas de Amambay, Alto Paraná y Canindeyú, según la misma fuente.

Eulalia Duarte Estigarribia fue condenada por el Primer Tribunal Popular Intermedio, el 21 de junio de 2013. Para la Cancillería paraguaya, el caso de Eulalia es igual al de Rosalía Amarilla, quien se encuentra presa por el tráfico de estupefacientes, también con una condena de muerte. Amarilla fue víctima de trata de personas y se presume que Eulalia también cayó en una red de inescrupulosos.

Empresario y rallista se expone a 5 años de cárcel por presunta millonaria estafa

La fiscal Lourdes Samaniego acusó por presunta estafa al empresario y corredor de Rally, Diego Yaluk, quien en esta causa se expone a cinco años de pena privativa de libertad. Además posee otras tres imputaciones por hechos similares.

La fiscal Lourdes Samaniego mencionó a radio Ñanduti que la semana pasada presentó acusación contra el empresario y rallista Diego Yaluk, su esposa Andra Nathali Ketterer y su padre Humberto Yaluk, por un caso de presunta estafa mediante cheques, que generó un daño patrimonial de USD 2 millones.

“Era un intermediación financiera. Yaluk es presidente de una sociedad anónima, que venía realizando negocios con otras firmas dedicadas al mismo rubro (Atlántico y Marsella), y en el curso de intermediación con cheques fueron utilizando cheques que no pudieron honrar, de terceros y de la misma misma representada pero que endosaban los accionistas y el director”, comentó.

Los sospechosos, que se encuentran litigando con medidas preventivas a la prisión, se exponen a una pena máxima de cinco años de cárcel, sin embargo, la fiscal resaltó que las partes pueden llegar a un acuerdo para reparar el daño monetario.

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Además de este, Yaluk afronta otros tres procesos penales por utilizar el mismo esquema.  En ese sentido, el fiscal Federico Leguizamón presentó en febrero de este año una imputación contra Diego Yaluk, y su padre Humberto Yaluk por los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación. Esto tras la denuncia hecha por el ciudadano Guido Ferreira.

El caso está en el juzgado a cargo de Yoan Paúl López y la fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de US$ 175.000.

En este segundo proceso, el imputado pidió un crédito a Ferreira, quien accedió a realizar el préstamo a través de la sociedad Doña Ines con la garantía de que la firma Parasur S.A (propiedad de padre e hijo imputados) iba a cobrar una suma de dinero de la entidad Binacional Yacycetá, pero dicho cobro no se ejecutó y por ende se produjo la supuesta estafa y los demás hechos punibles.

En cuanto al tercer caso, el empresario y rallista Yaluk soporta otra imputación de la fiscala Susy Riquelme. En este proceso se investiga una aparente estafa millonaria. Este caso también está en el juzgado del magistrado José Delmás.

Respecto al cuarto, en los primeros días del mes de julio, la fiscala Esmilda Álvarez presentó imputación contra Diego Yaluk por el delito de estafa cuya víctima sería Juan Guillermo López Moreira. Este nuevo proceso penal contra Yaluk se está tramitando ante el juez José Delmás. Se estima un perjuicio de G. 400 millones.

De acuerdo con la imputación, Yaluk ofreció a López Moreira comprar varias facturas que supuestamente estaban pendiente de cobros en la Itaipú Binacional, sin embargo, dichas facturas no fueron cobradas debido al embargo judicial que pesaban sobre las facturas que Yaluk le cedió a López Moreira generándose de esa manera la supuesta estafa.

El periodista Aldo Ynsfrán informó al canal GEN que habría más víctimas y que la estafa estaría trepando incluso a los 30 millones de dólares. El comunicador afirmó que en los pasillos del Poder Judicial se menciona que en la brevedad serán presentadas otras 10 imputaciones más por el mismo hecho punible y que sería calcado el modus operandi con los cheques sin fondos.

Diputados manifiestan respaldo a jueces y fiscales tras amenazas de Sebastián Marset

La Cámara de Diputados manifestó su apoyo a los jueces y fiscales, en respuesta a las amenazas proferidas desde la clandestinidad por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La Cámara Baja aprobó este miércoles el proyecto de declaración “Que rechaza todo tipo de amenazas al sistema de Justicia y respalda la labor del Poder Judicial y el Ministerio Público en procesos y causas relacionadas con el crimen organizado”.

La propuesta fue presentada por el titular de Diputados, Raúl Latorre, y tiene como propósito principal expresar un apoyo del cuerpo legislativo a los jueces y fiscales, ante las últimas amenazas de Sebastián Marset.

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Desde la clandestinidad, el narcotraficante uruguayo -que permanece prófugo de la justicia tanto en Paraguay como así también en Bolivia y Uruguay- amenazó con “remover de sus puestos” a los encargados de la causa “A Ultranza PY” en la que está vinculado.

El texto señala que estas expresiones pueden considerarse como “una intimidación directa contra las instituciones republicanas y en particular contra el sistema de justicia”.

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Reconocemos y valoramos la dedicación de los magistrados, agentes fiscales, relatores, asistentes fiscales y funcionarios en general, que asumieron la difícil y delicada misión de perseguir hechos punibles que flagelan la legislación nacional”, reza el documento.

Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados finalmente aprobó por mayoría el proyecto de declaración, manifestando así su pleno respaldo y confianza hacia las autoridades judiciales de nuestro país.

El motivo por el que los Tucanos se comprarán por vía directa

La adquisición de seis aeronaves “Súper Tucano”, para la defensa aérea paraguaya, se realiza por vía directa, debida a una estrategia contra el crimen organizado. De forma paralela avanza el proceso para comprar los radares.

El ministro de Defensa, Óscar González, habló este miércoles sobre la adquisición de herramientas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. En ese marco, está confirmada la próxima operación: la compra de seis aeronaves A29 para la defensa de espacio aéreo.

Esta compra será por la vía de la excepción, es decir, de forma directa. Esta decisión tiene un argumento y un respaldo jurídico que el Gral. González expuso.

“Son artículos de defensa y es muy conveniente que se haga por ese medio, porque no podemos publicar las características de nuestros radares, por ejemplo, eso sería como dar el tema de al crimen organizado”, explicó el ministro. También detalló que la ley ampara al Ministerio de Defensa a hacer este tipo de adquisiciones.

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En una adquisición regular, a través de un llamado a licitación, los detalles de los productos solicitados son de acceso público, incluso para delincuentes. Por ello, se opta por no facilitar esta información.

La inversión será de 93,3 millones de dólares y además de los aviones, el paquete incluirá: un kit de vuelo, un equipo de comunicación, equipos para vuelos nocturnos, sistema de armamentos, equipos y software para planificación de emisiones y de entrenamiento, soporte logístico por un año, equipos y herramientas para mantenimiento.

Además, la presencia de un representante técnico de Embraer durante un año en Paraguay, así como el entrenamiento para ocho pilotos y 12 mecánicos. La garantía es de 12 meses.

Para concretar la compra, se prevé un préstamo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil. Este empréstito necesitará la autorización del Congreso Nacional.

En cuanto a los radares, se prevé la adquisición de siete a nueve unidades, las cuales, bastarán para una cobertura del 100 % del espacio aéreo. El monto y el proveedor, de momento se mantienen en reserva hasta que se concrete la operación.

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