​La compatriota es una adulta joven, que está recluida en la cárcel de mujeres de Shanghái. El director gral. de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rubén Darío Ortíz, indicó que Eulalia fue condenada por el Primer Tribunal Popular Intermedio, el 21 de junio de 2013.

El 2 de agosto del mismo año, el Tribunal Superior de Shanghái confirmó su condena a muerte por el delito de contrabando de droga. La compatriota fue beneficiada con una suspensión de la pena, que concluye en agosto próximo.

Para la Cancillería, el caso de Duarte Estigarribia sería similar al de Rosalía Amarilla, quien se encuentra presa por el tráfico de estupefacientes. Amarilla fue víctima de trata de personas y se presume que Eulalia también cayó en una red de inescrupulosos.

“Aun no teniendo a la vista las compulsas del expediente, que nos están tramitando los amigos del Consulado General de la Argentina en Shanghái, decimos que es similar por los elementos que rodean al juzgamiento.

Al igual que Rosalia, Eulalia también será asistida por las autoridades nacionales. “No avalamos el delito, desde el punto de vista legal y jurídico nosotros tenemos como prioridad salvaguardar la vida humana. No hacemos juicio de valor sobre los procesos de otros estados y ni penas aplicadas”, afirmó Ortíz a la 650 AM.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

Preocupados por el incremento de paraguayas, atrapadas con droga en otros países, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Mujer preparan una campaña de concientización para evitar este tipo de delito.

“A través de trípticos y otros medios de publicidad queremos exponer los peligros, a los que se exponen nuestros compatriotas al salir del Paraguay con sustancias ilegales”, indicó.

“Junto a Leticia, depositamos ‘tsurus’ hechos por niños paraguayos, como símbolo de esperanza”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales, este martes, al compartir una fotografía del homenaje hecho.

Peña recordó que al igual que Japón, Paraguay también sufrió las consecuencias de una guerra devastadora, haciendo referencia a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935), sin embargo, supo reconstruirse con dignidad.

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“Hoy levantamos la voz para que en el mundo se escuchen más fuerte las voces de paz que las voces de guerra”, mencionó el presidente Peña.

Cabe señalar que, durante la celebración del Día Nacional del Paraguay en la Expo Osaka, el mandatario resaltó el “vínculo indisoluble de hermosa amistad entre Paraguay y Japón”.

La agente fiscal de Luque, Diana Burgos, imputó por el delito de aborto a una pseudo médica -sindicada de haber realizado este procedimiento a una adolescente- y a la madre de la víctima, imputada tanto por aborto como por violencia familiar. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para ambas acusadas.

Según la investigación, en junio de 2024, Anuncia Francisca Villalba Portillo habría interrumpido el embarazo de la adolescente -de entre 5 y 6 meses de gestación- mediante la administración de medicamentos por vía oral. Además, la habría alojado en su domicilio para realizar el procedimiento.

De acuerdo con la Fiscalía, la pseudo médica está sindicada de realizar intervenciones similares en su vivienda, sin ningún tipo de cuidado higiénico, a donde presuntamente acudirían otras mujeres para interrumpir sus embarazos.

La madre de la menor, aproximadamente en el mes de junio del año 2024, habría obligado a su hija a interrumpir un embarazo de entre cinco y seis meses para lo cual la habría forzado a acudir hasta el domicilio de la Villalba Portillo, quien finalmente la habría administrado algún tipo de medicina para eliminar el feto que se encontraba en desarrollo normal.

Luego, entre enero y febrero del año 2025, la menor habría quedado nuevamente embarazada, por lo que su madre, habría intentado que vuelva a interrumpir dicha gestación, obligándola bajo supuesto engaño a acudir hasta una farmacia de Luque, lo cual habría sido frustrado por intervención del adolescente que sería pareja de la víctima.

Ante ello, la madre habría golpeado en el rostro y a la altura del abdomen a su hija, además de rasguñarla por el cuerpo. Así también, habría maltratado verbalmente a la adolescente.

A cuatro años y un mes de la muerte de Sol Chávez, el sistema de justicia finalmente emitió una condena firme contra las dos profesionales responsables del hecho: la odontóloga recibió cuatro años de prisión y la química farmacéutica tres años, por homicidio culposo. Sin embargo, ambas continúan habilitadas para ejercer sus profesiones, ya que el tribunal no dispuso su inhabilitación, dejando esa responsabilidad en manos del Ministerio de Salud Pública.

El abogado de la familia Chávez, José Armoa, expresó que si bien aspiraban a la pena máxima de cinco años, se sienten conformes con el fallo porque reconoce la responsabilidad penal de las acusadas, y reafirma la lucha de los padres en búsqueda de justicia.

“Jurídicamente significa mucho. Es como que nos den la razón. Los padres nunca van a superar la pérdida, pero al menos encuentran un poco de paz al ver que el Poder Judicial finalmente respondió”, expresó en entrevista con el canal GEN.

Este fue el tercer juicio oral por la causa, luego de que los anteriores fueran anulados por errores procesales.

“Tenemos un sistema judicial ineficiente. El mismo día de nuestra sentencia, el tribunal celebró otros dos juicios reenviados. Es una señal de alarma. Hay jueces que deben hacer mejor su trabajo”, cuestionó Armoa.

La odontóloga fue condenada por haber recetado e indicado una dosis letal de flúor, mientras que la farmacéutica fue sancionada por omitir controles obligatorios en la elaboración del preparado magistral.

“Ella (la farmacéutica) debía haber exigido un justificativo escrito a la prescriptora al ver la sobredosis. Omitió normas vigentes del Ministerio de Salud”, explicó el abogado.

Pese a las condenas penales, ninguna de las dos fue inhabilitada para ejercer su profesión. El tribunal explicó sus fundamentos, pero dejó claro que el Ministerio de Salud tiene la facultad de cancelar sus matrículas.

“Esperamos que el Ministerio esté a la altura. Esto no puede quedar impune en el plano administrativo. La gravedad del caso lo amerita”, exigió Armoa.

La familia ya presentó las denuncias correspondientes ante la cartera sanitaria y adelantó que continuará la lucha para que las responsables no puedan volver a atender a pacientes.