​Amarilla, de 33 años, fue arrestada en el aeropuerto de Pekín en julio de 2012 cuando intentaba ingresar al país con cocaína.

Las autoridades chinas le impusieron una condena a muerte y tenía prevista su ejecución el pasado 20 de marzo, pero un mes antes se anunció que se postergaba la pena para poder revisar el caso.

La decisión final puede conocerse en el plazo de “tres días”, pero también demorarse “alrededor de uno o dos meses”, explicó hoy a Efe Rosalía Vega, directora ejecutiva de AI en Paraguay.

Según la última comunicación que Amarilla mantuvo con su hermana desde la prisión donde se encuentra recluida desde hace más de dos años en Pekín, las autoridades estarían planteándose conmutar su sentencia a muerte por una pena de prisión perpetua, con base en su buen comportamiento.

“Tenemos esperanzas de que se salve su vida. Pero además tratamos de hacer llegar a las autoridades chinas la documentación, firmada por la fiscal antitrata, que demuestra que Rosalía Amarilla fue víctima de las redes de trata de personas y de la mafia del narcotráfico”, declaró Vega.

La representante de AI recordó que Amarilla era una “mujer joven, madre soltera y sin trabajo” cuando en 2011 tomó la decisión de trasladarse a Brasil “buscando mejores oportunidades” para ella y su familia.

Pero una vez fuera de su país, Amarilla fue privada de su pasaporte y, bajo amenazas, la obligaron a trasladar droga en un avión con destino a China, relató Vega.

Agregó que casos como el de Amarilla “suceden periódicamente” en Paraguay y en otros países de la región, pero que resulta difícil obtener información sobre ellos dado que el “Gobierno chino maneja las condenas a muerte y ejecuciones como secretos de Estado”.

Vega explicó que la propia Amarilla habría referido a su hermana que en la misma prisión en la que está interna habría otras mujeres latinoamericanas en una situación similar.

“Queremos visibilizar que lo que le sucedió a Amarilla puede ocurrirle también a otras mujeres que se encuentren en un momento crítico en su vida y se vean persuadidas a salir del país sin tener información”, afirmó Vega.

Para crear conciencia sobre estos casos, AI lanzó esta semana un vídeo documental que recrea el caso de Amarilla y expone cifras sobre la realidad de la trata de personas en Paraguay.

En un acto encabezado esta mañana por el presidente de la República, Santiago Peña, se procedió a la habilitación oficial del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) de Villa Hayes.

Se trata del tercer espacio de este tipo (sumado a los inaugurados anteriormente en Capiatá y Encarnación) y del primero que funciona en la región del Chaco paraguayo.

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El nuevo centro forma parte del programa “Semillas del Futuro”, impulsado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), en conjunto con otras instituciones, y tendrá capacidad para recibir a aproximadamente 100 niñas y niños desde los 3 meses hasta los 4 años.

Allí se ofrecerá atención integral durante una etapa clave para el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social, contando con salas diferenciadas por edades, consultorios médicos, comedor, parque inclusivo y espacios destinados al acompañamiento familiar y comunitario.

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Durante su discurso, Peña enfatizó el valor humano y transformador del programa “Semillas del Futuro”, destacando que los centros de atención representan una política pública pensada para acompañar tanto a los niños como a sus familias.

Unos 50 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia se encuentran actualmente en etapa de construcción. El programa prevé alcanzar un total de 100 espacios, en los 17 departamentos del país.

El Mecanismo de Prevención de la Tortura se hizo eco de la denuncia que involucró a la Residencia de Adultos Mayores “El balcón de la Luna”, ubicada en Capiatá, y que guarda relación con un intento de extracción de dinero de la cuenta de un anciano fallecido.

La encargada de dicho establecimiento, Sara Andrea Irala Zárate, habría utilizado la tarjeta de cobro de la pensión de la tercera edad de este residente para tratar de retirar una millonaria suma de dinero del banco.

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En vista a lo acontecido, el MNP reitera la necesidad de fortalecer las garantías de protección y autonomía de las personas adultas mayores que residen en hogares de cuidado, especialmente en contextos en los que requieren apoyos para la toma de decisiones.

Funcionarios del ente el año pasado habían realizado una visita al hogar, ocasión en que ya advirtieron sobre riesgos vinculados a la vulneración de derechos y sobre la necesidad de fortalecer estas garantías.

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En tal sentido, el MNP resalta que la institucionalización y la necesidad de apoyos para las actividades de la vida diaria no implican la pérdida de derechos ni de la capacidad de participar en decisiones sobre la propia vida.

“Cuando las personas adultas mayores requieren apoyo en la toma de decisiones, la protección debe ejercerse mediante una representación legal adecuada, siendo fundamental el rol del Ministerio de la Defensa Pública para resguardar sus derechos y autonomía”, enfatiza el comunicado.

La medida se basa en la resolución RE N.° 1.834 del pasado 7 de mayo, mediante la cual la autoridad sanitaria brasileña ordenó el retiro del mercado de productos fabricados por Química Amparo Ltda..

Según el informe oficial, durante una inspección conjunta fueron constatadas fallas graves en los sistemas de garantía de calidad, producción y control, con riesgo de contaminación microbiológica por presencia de pseudomonas aeruginosa, un microorganismo patógeno oportunista de relevancia sanitaria.

La disposición afecta específicamente a productos de las líneas de desinfectante, lavavajillas líquido, jabón líquido y jabón en polvo para ropa, cuyos lotes tengan numeración final en 1.

Dinavisa informó además que realizó la trazabilidad de las importaciones ingresadas al país, identificando que los productos alcanzados por la alerta fueron introducidos bajo registros sanitarios otorgados a Trading Company S. A..

En ese contexto, la institución ordenó a distribuidores, depósitos y puntos de venta proceder a la cuarentena inmediata de las unidades en existencia y ponerlas a disposición de la firma titular del registro sanitario.

Asimismo, la autoridad sanitaria recomendó a la ciudadanía suspender de forma inmediata el uso de cualquiera de los productos incluidos en la alerta, debido a los riesgos que podrían representar para la salud, e instó a denunciar productos falsificados o ingresados ilegalmente al país.