De -10,39 % en utili­dades netas en 2016, la otra empresa del rubro construcción y asfalto, Creando Tecnolo­gía (Createc SA), del expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez también batió récords gananciales anuales durante su gobierno. De G. 2.377 millones de lucro neto en 2016 fue aumentando exponencialmente hasta marcar diferencias que lle­gan a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pandemia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones. Mientras tanto, la población en general sufría las carencias en salud y la economía afrontaba una fuerte crisis ocasionando la suspensión de actividades de varias empresas y el desem­pleo en general.

En Createc, Abdo Benítez registra el 47,50 % de las acciones y durante los años de su presidencia, específica­mente entre 2018 y 2021, esta empresa registró ganancias netas anuales que suman G. 52.908 millones equivalen­tes a un incremento de 602 % en relación con el lucro acumulado cuando se ini­ciaba en cargos electivos, y que entre 2015 y 2017 llegó a G. 7.529 millones.

La mencionada empresa es la segunda del exmandata­rio, que también desarrolla actividades afines a su otra conocida firma que es la dis­tribuidora de asfalto Aldia SA, que se volvió superprós­pera en sus años de presi­dente con ganancias netas anuales que subieron hasta 6.110 %, comparadas con las utilidades netas anuales en sus comienzos como parla­mentario.

En las actas de asamblea remitidas al exministerio de Hacienda, hoy Ministe­rio de Economía y Finanzas, aparecen utilidades netas de Aldia que se disparan año a año de manera extraordina­ria. La suma de ganancias de esta empresa de asfalto cuando Abdo fue presidente de la República asciende a G. 175.268 millones, esta cifra equivale a un aumento en utilidades de 800 % com­parado con las acumuladas en los años que le tocó ser senador, que fue de G. 19.480 millones.

Es decir, el incremento de las ganancias acumuladas anuales durante el gobierno de Abdo Benítez de Createc es de 600 % y de Aldia 800 %, compradas con las acumula­das en sus tiempos de parla­mentario.

Los montos multimillona­rios no aparecen en la última declaración jurada presen­tada por el exmandatario al dejar el cargo, se observa el cobro de dividendos men­suales no especificados de G. 338.978.534, que en un año suman G. 4.067 millones, que resulta ínfima con res­pecto a las grandes ganan­cias consignadas en acta. Abdo Benítez no declaró los dividendos a cobrar, de esta forma la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) y la ciudadanía en general no se enteraron de la fortuna ama­sada con la venta de asfalto.

Desde la Contraloría con­firmaron el inicio de un estudio de corresponden­cia a los bienes del expresi­dente, a pedido del mismo afectado.

Vale reiterar la disposición del artículo 237 de la Cons­titución Nacional que se refiere a las incompatibili­dades en el ejercicio de las funciones del presidente y vicepresidente para ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. No pueden ejercer el comercio, la industria o actividad pro­fesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Sin embargo, Abdo Benítez se valió de su hijo Mario Abdo Díaz Benza en el negocio y lo puso como representante legal en ambas empresas (Createc y Aldia), según obran en los documentos proveídos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con respecto a la prohibición que establece el artículo 237 de la Constitución Nacional de generar lucro directa e indirectamente, sea en el sector público o privado estando en el cargo de presi­dente de la República, como mencionan muchos enten­didos en la materia, hay un dato no menor que obra en acta y resulta muy sensible para las funciones de manda­tario que desempeñó Abdo Benítez.

En el acta general ordina­ria número 6 de fecha 22 de junio de 2020, que consigna los resultados financieros del año 2019 de la empresa Createc SA, consta que el aumento de las facturacio­nes de la compañía es gra­cias a los convenios asegura­dos con grandes contratistas viales, es decir, con provee­dores del Estado.

En la lectura de la memoria correspondiente al ejerci­cio 2019 de Createc SA dice que hubo “un incremento en la facturación de 52 % con respecto al ejercicio ante­rior, mediante la firma de contratos de provisión con empresas constructoras de importantes obras viales”, evidenciando lo que se sos­pechaba, que se aseguraba el negocio del expresidente detrás de las grandes licita­ciones de rutas, favorecién­dose indirectamente de las mismas.

También hay un sugestivo acaparamiento en el sumi­nistro de la materia prima a las constructoras viales que se entiende son contratistas del Estado, puesto que son las instituciones públicas las que construyen pavimentos. En acta también consta que “se obtuvo un aumento muy significativo en la cartera de clientes, cuyo saldo al cierre del año superaba en un 237 % al saldo de 2018″. Prácti­camente se evidencia que quienes ganaban licitacio­nes compraban asfalto a la empresa del expresidente y esta cartera de clientes se incrementó al año de man­dato de Abdo Benítez.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.