A raíz de que no pudo justificar su millonario patrimonio, la Contraloría prevé remitir el caso al Ministerio Público para su investigación, de modo a determinar el hecho punible en el que se incurrió. Paciello tiene registrado como ingresos entre el 2014 y 2018 (en cuatro años) G. 72 millones en concepto de alquiler de inmuebles, además de su salario de concejal en Lambaré de G. 20.214.230, montos que evidentemente no le pudieron generar su millonario ascenso patrimonial.

Entre el 2014 y 2016, Luis Paciello acumuló en total G. 1.533 millones, mientras que sus ingresos percibidos como funcionario público llegaban a G. 48 millones. De esta forma, y de acuerdo al método utilizado por la Contraloría, el ex concejal solo pudo incrementar su patrimonio en un 35%, sin embargo, el crecimiento fue del 131%, es decir, el incremento neto fue del 96%, esto representa tres veces más de lo estimado.

Dentro del patrimonio de Paciello, se encuentran dos vehículos que no fueron declarados, un Mercedes-Benz C 300 y un Mini Cooper año 2015, además de un inmueble no declarado en Lambaré y una empresa denominada IJT SA, de la que no se sabe a qué rubro pertenece pero que tiene un capital integrado de G. 500 millones, de los cuales G. 50 millones corresponden al “yerno de oro”.

Así también, el “yerno de oro”, declaró una deuda de G. 2.500 millones, este elemento fue el que encendió las alarmas del ente contralor, motivo por el que se solicitó la documentación, pero Paciello no remitió documentación alguna.

“Solo nos informó a quién le debe, pero que está judicializado en el Juzgado de Lambaré. De la misma forma, cotejamos con el informe de Tributación, donde tiene que estar inscripta esa deuda, y no está”, señaló el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres.

Es importante resaltar que la Contraloría detectó inconsistencias en las declaraciones juradas de Luis Paciello, motivo por el que fue emplazado por 10 días para presentar su descargo además de las documentaciones que sustenten su patrimonio. Sin embargo, lo remitido por el ex concejal fue insuficiente y estuvo lejos de sustentar su millonario patrimonio.

Cabe destacar que el caso de Paciello, también llamó la atención de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el viceministro de la institución Óscar Orué, señaló que hay indicios de lavado de dinero, más que de evasión de impuestos. La Contraloría también solicitó un informe sobre Luis Paciello a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero hasta la fecha la institución no remitió dicha información. Recordemos que en una conferencia de prensa, el ex concejal señaló que este análisis de la Contraloría era parte de una persecución política y evadió todas las preguntas respecto a las inconsistencias y hasta la fecha es un verdadero misterio la forma en que generó su fortuna.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.