En entrevista con Universo 970 AM y el canal GEN, la mujer -cuya identidad se prefirió mantener en reserva- comentó que hace casi un mes ella y los demás integrantes de su familia se contagiaron de coronavirus luego de que su pareja haya contraído la enfermedad en el trabajo.

Luego de presentar los primeros síntomas, el hombre decidió acudir al sanatorio para hacerse el chequeo. Viendo que solo tenía fiebre y dolor de espalda, los médicos le dijeron que tome paracetamol y que guarde reposo en su casa pues consideraron que se trataba de un caso de dengue.

A partir de allí -cuenta la mujer-, su pareja decidió aislarse del resto de la familia en una habitación separada, cumpliendo con todas las medidas sanitarias de rigor por si realmente se trataba de un caso de COVID-19.

Tres días después, su hija también empezó a tener fiebre y un poco de tos, lo cual encendió las alarmas. En ese momento, la madre se puso en contacto con su pediatra de cabecera, quien le dijo que podría tratarse de una gripe y que no era aconsejable exponer a la menor llevándola al sanatorio, por lo que permaneció encerrada en la vivienda unos días hasta finalmente lograr recuperar la salud.

Habiendo pasado unos días de aquel episodio, le tocó el turno a la madre de la familia, quien también presentó fiebre y tos seca, lo cual se vio agravado por su cuadro de asma, enfermedad de base que la aqueja hace varios años.

Según cuenta la mujer, durante todo ese tiempo se comunicaron al 154 del Ministerio de Salud para notificar y reportar sobre sus síntomas, pero sin recibir mucha ayuda. “Nos atendieron y la recomendación fue que nos quedemos en casa aislados y si los síntomas eran graves que acudamos a un centro asistencial”, mencionó.

Tras agravarse el panorama, decidió acudir al sanatorio privado del cual es asegurada para hacerse los chequeos de rigor y determinar cuál era su problema. Una vez allí, la medicación inicial fue oseltamivir por si era influenza y hidroxicloroquina con azitromicina por si se trataba de un caso de coronavirus, esto sin siquiera ser sometida a la prueba para confirmar o descartar su cuadro.

En total transcurrieron ocho días desde que hicieron la primera llamada (cuando su pareja presentó los primeros síntomas) hasta que finalmente fue internada. En ninguno de esos días ni siquiera le recomendaron someterse al test para coronavirus, cuestionó.

El momento en el que tuvo sospechas de que podría tratarse de un caso positivo de COVID-19 fue cuando su pareja le envió una información confirmándole que el auditor que había estado en su empresa tiempo atrás había sido internado por coronavirus. Posteriormente, dio aviso sobre esta situación al médico que la atendía en el sanatorio y éste le dice que, antes de llegar a esta instancia, primero había que hacerle un “panel respiratorio” para descartar cualquier tipo de afección respiratoria.

En ese momento y ante la visible negativa del médico, la mujer insistió para que éste haga todo lo posible para practicarle el test de COVID-19, a lo cual el galeno finalmente accedió, aclarándole que los costos de la prueba, a ser realizada en un laboratorio privado, quedaban bajo su responsabilidad.

“El lunes se me hizo la prueba y el martes, ya sin síntomas, salí de alta, ahí recibí el resultado que era positivo, entonces el médico me llama y me avisa”, recordó la mujer, quien al enterarse que había sido contagiada del coronavirus pidió que también se haga el test a su pareja para confirmar o descartar si él también padecía de la enfermedad.

Luego de tantas idas y vueltas y ya con la confirmación de su cuadro clínico, funcionarios del Ministerio de Salud finalmente acudieron a su domicilio para volver a hacerle otra segunda prueba, pero sin incluir a su hija, quien había tenido síntomas leves y que luego volvió a recuperarse.

Respecto al video que tomó estado público días atrás y en el que se ve el momento en el que es increpada en su propio domicilio por la fiscal Teresa Sosa, la paciente aclaró que en ese momento se había sentido muy nerviosa por un ataque de asma que sufrió momentos antes. Así también, aclaró que no fue al supermercado, tal y como se mencionó en principio, sino que fue hasta el sanatorio para hacerse su control. “Entiendo su trabajo, sé que hay mucha gente irresponsable pero con las condiciones que ya fuimos haciendo y la colaboración que tuvimos para con el Ministerio (de Salud), me pareció un atropello lo que sucedió”.

Cuestionó el hecho de que se hayan malinterpretado y sacado de contexto sus expresiones (la frase “nosotros también tenemos hambre” que se escucha en la filmación) ya que eso dio pie a todo el rumor de su supuesta ida al supermercado. De igual manera, repudió la labor de la Policía Nacional que, sin siquiera haber ingresado a su vivienda, tomó todos los datos de su vehículo y de la casa para hacer el memorándum, haciendo figurar que se llevó a cabo un allanamiento.

La mujer contó a la 970 AM y el canal GEN que en estos momentos su familia se encuentra en mejores condiciones de salud, luego de las múltiples dificultades que debieron atravesar tras padecer de COVID-19.

Reveló que ellos fueron perjudicados en muchos aspectos por toda esta situación y que “la discriminación y el ataque” son peores inclusive que la propia enfermedad. Incluso, admitió que suelen recibir amenazas y pedidos de otras personas que “se los queme vivos, se los lleve del barrio o que se los tenga en un lugar apartado”. “Para el mundo entero somos personas irresponsables”, acotó.

“El acoso es peor que el virus. Es peor tener ese acoso que no podés dormir porque no sabés si te van a tirar un balde con combustible y prender tu casa, es insostenible”, afirmó la mujer.

Finalmente, recomendó que se hagan más pruebas de COVID-19 para saber cuántas personas en realidad padecen el virus ya que existe el riesgo de un contagio masivo sin que las autoridades tengan noción de ello. Así también, destacó el trabajo que viene realizando el Ministerio Público para controlar el cumplimiento de la cuarentena, sobre todo en lo que respecta a las denuncias falsas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.